La decisión legislativa sobre la resolución 125 llega a su fin. Hoy el Senado tratará el proyecto sobre las retenciones móviles y el sistema de compensaciones, que ya tiene media sanción de Diputados. El oficialismo pretende ratificar el proyecto enviado desde la Cámara baja, que contempla una segmentación de productores de soja y girasol que van desde las 300 toneladas a las 1500, desaparecen los límites de hectáreas para recibir compensaciones y se facilita el registro de los productores. También se ratifica la creación del Fondo de Redistribución Social, que tendrá una partida destinada al desarrollo de la agricultura familiar. Por fuera del proyecto oficial, desde las comisiones de Agricultura y Presupuesto del Senado surgieron otros cuatro dictámenes, que nuclean a diferentes bloques opositores.

Luego de un raid parlamentario que duró varias semanas, con amplios debates entre legisladores, funcionarios, economistas y representantes del campo, la Cámara alta someterá a votación el proyecto del kirchnerismo, que ya tiene media sanción de Diputados, donde se ratificó la resolución 125 y la potestad del Ejecutivo para fijar su política económica, a través de las retenciones móviles (artículos 1 y 2). Con las modificaciones que se introdujeron al proyecto del Ejecutivo, el kirchnerismo asegura que “el 85 por ciento de los pequeños y medianos productores del país” quedará afuera de la resolución 125.

Además de ratificar los artículos 1 y 2, el oficialismo en el Senado buscará convalidar los otros cambios introducidos en Diputados, entre ellos:

- Las compensaciones se devolverán a través de una Clave Unica Bancaria.

- El límite para recibir compensaciones será las 1500 toneladas.

- Se produce una segmentación en los pequeños productores que cosechen hasta las 300 toneladas, que deberán pagar una retención del 30 por ciento. Para los que producen entre 300 y 750, las compensaciones representarán unas retenciones del 35 por ciento. Y entre las 750 y 1500 toneladas, los productores pagarán 35 por ciento de retenciones hasta las 750 toneladas y el resto tributará las alícuotas de la resolución 125.

- Desaparece la cantidad de hectáreas (150 para la zona pampeana y 350 para el resto) como límite para recibir compensaciones.

- Se modifican los fines del Fondo de Redistribución Social. El 50 por ciento será para hospitales, el 20 para viviendas populares, otro 20 por ciento para caminos rurales y un 10 por ciento para el fortalecimiento de la agricultura familiar.

Todos estos beneficios tendrán vigencia desde el 13 de marzo hasta el 31 de octubre, justo el mes que da comienzo a la próxima campaña de soja. Según indicó a este diario el senador Fabián Ríos (FpV), titular de la Comisión de Presupuesto, el gobierno nacional tiene hasta esa fecha para llegar a otros acuerdos con los sectores del campo que sirvan para complementar esta normativa. “De lo contrario, la resolución 125 será un piso”, señaló el senador en un reportaje a PáginaI12, publicado anteayer.

Cuando los legisladores bajen hoy al recinto, discutirán exclusivamente el proyecto oficial. Llegado el caso de que la oposición logré una mayoría de votos y pueda rechazar el proyecto kirchnerista, quedarían expuestos los otros cuatro dictámenes que salieron del plenario de comisiones. Uno es el de Carlos Reutemann, que propone para la soja una curva de retenciones con alícuotas móviles que llegan al 40 por ciento cuando cotice los 800 dólares. También contempla que los productores que cosechen hasta 1500 toneladas puedan computar a cuenta del pago del Impuesto a las Ganancias el excedente sobre alícuotas del 22,7 y 30 por ciento. También propone un esquema de retenciones para el trigo y maíz, algo que no hace el proyecto oficial.

El segundo dictamen que cosechó más firmas después del oficial fue el elaborado por la UCR, la CC y el peronismo disidente. Este proyecto le quita al Ejecutivo la potestad de fijar su política económica a través de las retenciones, y fija un tope de alícuota del 35 por ciento. A diferencia de lo hecho en Diputados, estos bloques dejaron de pedir por la suspensión de las retenciones móviles y se concentraron en denunciar “su inconstitucionalidad”. Los otros dictámenes pertenecen al radical K Pablo Verani, que pretende llevar a las 2000 toneladas el límite para recibir compensaciones, y el del salteño Juan Pérez Alsina, que solicita volver, por dos años, a los derechos de exportación previos al 11 de marzo.