Antonio Domingo Bussi, el genocida en el banquillo, se quitó la cánula con oxígeno de su nariz y con sus ojos clavados en el fiscal reconoció –olvidándose de su actuada decrepitud para evitar el juicio– que las listas para detener “opositores” existieron antes del golpe del 24 marzo y, sobre todo, que en Tucumán funcionaron “cientos de centros de detención”. Así, en pocos minutos que fueron esperados por más de treinta años, el represor reconoció a la Justicia que fue él y no otro quien condujo la persecución, el secuestro y posterior desaparición de miles de tucumanos, entre los que se encuentra Guillermo Vargas Aignasse, el caso por el que hoy está siendo enjuiciado.

Bussi siempre tuvo problemas con su boca y no precisamente por la sonrisa equina que solía regalar a sus adeptos. Ayer, cuando decidió responder las preguntas del fiscal federal Alfredo Terraf, el anciano general reconoció, en un estrado judicial, la existencia del plan sistemático de represión que los militares habían elaborado previo al derrocamiento del gobierno de Isabel Perón. Sostuvo que las listas las tuvo en su poder en febrero de 1976 y donde figuraba lo que él denominó como “opositores” y no subversivos.

La diferencia no es un dato menor, ya que la dictadura justificó su razón de ser a partir de “la lucha contra la subversión”, esto es ciudadanos que integraban organizaciones militares que intentaban modificar el orden establecido. Subversivo siempre fue sinónimo de guerrillero, terrorista, jamás de opositor. Por tal motivo, la afirmación del genocida de Tucumán confirma aquello que los organismos de derechos humanos gritaron desde el mismo momento en que se conformaron, y que era que las desapariciones se basaban en un plan orquestado para destruir toda posibilidad de rechazo a la junta militar y su plan económico. Esto implicó a secuestrar y desaparecer no sólo a aquellos que integraban las organizaciones guerrilleras, sino también a dirigentes sindicales, políticos, sociales, sacerdotes, jóvenes, niños, bebés y ancianos.

Ayer, el plan de exterminio de la dictadura militar fue explicado por uno de sus máximos representantes y ejecutores.

Bussi llegó a dar detalles desconocidos incluso para los defensores de los derechos humanos de esa provincia, al sostener que funcionaron en ese territorio “cientos de centros de detención”. Los organismos, luego de años de trabajo, habían logrado detectar apenas 33. Y no se trata de una simple cuestión de números, sino de la real magnitud que tuvo la represión en aquella pequeña provincia en la que para esa época la población no superaba los 600.000 habitantes y que, a diferencia del resto del país, había comenzado en febrero de 1975 con el Operativo Independencia.

Bussi responde por un solo caso. Responde por la desaparición de un senador provincial que fue secuestrado en su propia casa o “guarida”, según la propia definición del genocida. Sucedió a las 3.30 del 24 de marzo de 1976. Se lo llevaron mientras su esposa y sus hijos pedían clemencia, como la que Bussi le pidió ayer al tribunal que lo juzga entre lágrimas de cobardía y muecas para evadir la verdad que espera hace 32 años para convertirse en justicia.

En Tucumán, Vargas Aignasse no fue el primero ni el último desaparecido. El integra una larga lista donde figuran, entre otros, Julio César Campopiano, la familia Rondoletto, la familia Soldatti, los hermanos Curia, Coco Vittar y la adolescente Ana Corral, asesinada de un disparo en la nuca por el propio Bussi, según el testimonio del ex gendarme Omar Torres. La enumeración se hace interminable y sus rostros, que son mostrados al mundo por la televisión durante el desarrollo del juicio, esperan que el tribunal condene a Bussi a terminar sus días en la cárcel de Villa Urquiza, esa donde Vargas Aignasse y tantos otros recibieron las primeras torturas antes de sus traslados.