Mientras el Gobierno espera que el Senado convierta en ley la reestatización de Aerolíneas Argentinas y Austral, Julio De Vido ya salió a sondear a Brasil para la compra de aviones. El ministro de Planificación viajó ayer a ese país, donde mantuvo reuniones con autoridades de Embraer, la empresa estatal brasileña que fabrica aeronaves, y con el presidente Luiz Inácio Lula da Silva. El Gobierno estaba tan confiado en un cómodo triunfo en la votación de Diputados, que De Vido ya tenía planificado el viaje desde el jueves, pero lo mantuvo en secreto.

El vínculo con Embraer se estableció el año pasado con otro objetivo: comprar un nuevo avión presidencial que supliera al Tango 01 en los viajes de más de seis mil kilómetros. En aquel entonces, la idea de comprarle un avión a Brasil se medía más como un gesto político y de reafirmación de la alianza estratégica que mantienen ambos países. Pero la derivación que tuvo la administración de Aerolíneas de parte de la española Marsans hizo que se evaluara hacer una operación en mayor escala, aunque no trascendió en qué cantidad de aviones se está pensando.

En la reunión que mantuvo ayer en Brasilia De Vido –quien viajó acompañado por el secretario de Transporte, Ricardo Jaime– con el número dos de Embraer, Federico Fleury Curado, se habló de la intención de Brasil de instalar al menos dos plantas en la Argentina para fabricar aquí partes de aviones. Según fuentes oficiales, al enterarse Lula de que De Vido estaba en Brasilia, lo invitó al edificio de Planalto para mantener un encuentro fuera de agenda que duró veinte minutos. Allí De Vido le contó las novedades sobre el proceso de reestatización de Aerolíneas.

En la Casa Rosada afirman que los cambios que le hicieron los diputados al proyecto oficial no fue producto de su supuesta debilidad, sino una salida “absolutamente prevista”, como le dijo un alto funcionario a PáginaI12, aunque admiten que algunos diputados visualizan una supuesta debilidad oficial porque ahora pusieron condiciones para dar su voto y antes no se hubieran atrevido.

Cerca de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner parecían tener más alivio que preocupación por los dos cambios sustanciales introducidos en el proyecto: la imposibilidad de reprivatizar la empresa y que el costo de la compra de acciones a Marsans lo debe fijar el Tribunal de Tasación. Respecto del primer punto, así como es cierto que al Gobierno no le cerraba del todo que sea el Estado el operador de la empresa, por los costos políticos que pueden devenir de un mal funcionamiento, también es cierto que suponen que es muy difícil conseguir una nueva venta a capitales privados en condiciones ventajosas. Sobre el segundo punto, sienten que el Congreso les quitó el sayo de posibles futuras acusaciones por el precio que podría haberse pagado. Igual, creen que Marsans no se quedará cruzada de brazos al perder vigencia el acta-acuerdo firmada por el Gobierno, que establecía que de no haber acuerdo sobre el precio lo fijaría de manera inapelable una consultora internacional.

Hay un dato que parece avalar esa aparente tranquilidad que muestran en la Casa Rosada: el gobierno español fue mantenido al tanto del curso que fue tomando el proyecto oficial en Diputados y no tuvo ninguna objeción. Lo que habían solicitado desde España era evitar una experiencia traumática como la de la quiebra y la expropiación de Aerolíneas, algo que aquí pedía la oposición, y que el Gobierno evitó por todos los medios.