Graciela Rosso impulsó con Patricia Vaca Narvaja el proyecto de ley por la regulación de las prepagas. Rosso ahora es la intendenta de Luján, pero cuando trabajaron sobre el proyecto ambas eran diputadas. En diálogo con PáginaI12, analiza por qué se demoró la sanción de la ley, evalúa la presión de los empresarios, detalla qué es lo que se viene con la regularización, qué beneficio dará a los usuarios y por qué se oponen las prepagas. En ese sentido, señala dos razones: costos y servicios. “Pero eso es una excusa –explica–; lo que no quieren es recibir a los enfermos. Quieren tener a los sanos y dejar a los enfermos para que los atienda el Estado.”

–¿Por qué se demoró la votación de la ley?

–Es que en el momento político en el que correspondía tratarlo teníamos los dictámenes en comisión, pero hubo mucha discusión e influyó mucho la participación de los distintos sectores que tienen que ver con la medicina prepaga. En realidad, lo que se discutía eran partes de la regulación y eso retrasó todo. Ahora vuelve a aparecer porque es una necesidad. Cuando planteamos el proyecto con la diputada Vaca Narvaja fue porque era una necesidad de regular un sector.

–¿Por qué regularlo?

–Porque todo lo que tiene que ver con la política sanitaria y el cómo se lleva adelante no estaba de acuerdo con lo que ellos estaban dispuestos a financiar. Ni tienen las mismas obligaciones de la seguridad social o del sector público. Entonces, ¿qué pasaba? La medicina prepaga hacía un acuerdo con usted por tal servicio y ese servicio podía contener o no todo lo que legalmente hoy se exige en materia de salud. Pero como finalmente se trata de un contrato entre partes, nosotros decíamos que debía intervenir Economía pero también Salud. Como la salud es un derecho de todos, establecido por la Constitucional nacional, el Estado debe estar presente porque no es una mercancía. Este era el único sector que no tenía leyes que reglamentaran su funcionamiento.

–¿Se puede comparar el funcionamiento de hoy con los colegios privados?

–Sí, porque en este momento actúan por una decisión unilateral de cuánto de aumento te cobro.

–Ustedes alguna vez explicaron que eso lo resolvía la Justicia.

–La verdad es que el que accedía a la Justicia, accedía al derecho y el que no, no accedía al derecho.

–¿La ley lo corrige?

–Lo que hace la ley es determinar qué ámbito del Estado debe actuar. Además, lo que no tenían obligación de hacer ni las prepagas ni las obras sociales era el cumplimiento del PMO. El Plan Médico Obligatorio que deben cumplir la seguridad social y el sector público, las prepagas no tenían obligación de cumplirlo. Entonces, podían dar una atención parcializada.

–Entonces, ¿cuáles son los beneficios para los usuarios?

–El beneficio es que va a tomar un servicio prepago o una obra social y va a tener asegurado el mismo tipo de cobertura que tiene el sector público. Además, el precio que tengan que pagar va a ser discutido en una mesa de salud y economía. Y, por otra parte, es que caerá el tema de las preexistencias. Eso significa que, muchas veces, las empresas hacen una selección adversa sobre los usuarios que tienen con una enfermedad de salud previa. No los admiten, porque eran más caros. O lo mismo sucedía con la edad. Ahora, eso desaparece porque van a tener que brindarlos, y el que se asocia va a tener que presentar declaración jurada.

–¿Qué objetaron las empresas?

–Ellos no quieren, por ejemplo, que algunas empresas generen beneficios con la preexistencia. Que algunas reciban a todos de acuerdo con lo que manda la ley y otras no. Pero esto es una excusa, lo que no quieren es recibir a los enfermos. Quieren tener a los sanos y dejarle los enfermos al Estado. El otro tema es que no le dan los costos, y yo creo que no es así. Creo que es un tema que hay que estudiar en la mesa de negociación, porque el tema costo es un tema muy dinámico, pero tiene que haber un espacio así como se hace con todo. Un precio de referencia, y deberán analizar una rentabilidad asociada al costo real.