En la ampliación del presupuesto de este año que está elaborando el Poder Ejecutivo se prevé destinar 50 millones de pesos para mejorar la seguridad en los trenes urbanos, según pudo saber PáginaI12. Ese monto será asignado al llamado Programa de Seguridad Ferroviaria, que está en manos de la Policía Federal y la Gendarmería Nacional, y se formalizará mediante un convenio entre el Ministerio de Justicia y Seguridad y todas las empresas concesionarias del servicio.

Esta medida, aseguran en el Gobierno, ya estaba decidida desde antes del sabotaje del jueves pasado, denunciado por el ministro de Justicia y Seguridad, Aníbal Fernández, y los incidentes que sucedieron ese día en la ex línea Sarmiento. La falta seguridad en los trenes es una constante en la denuncia de los usuarios, quienes se quejan de la falta de personal policial y los robos y arrebatos que suelen producirse en las diferentes líneas. Por cuerda separada a esta ampliación presupuestaria, el Gobierno prevé incluir en el proyecto de Presupuesto 2009, que próximamente será enviado al Congreso, 5000 millones de pesos para el servicio ferroviario, aunque no trascendió en qué ítem será distribuida esa masa de dinero.

Fuera de estas novedades , no habría cambios de fondo. Lo que va en línea con lo que sostienen en el Gobierno sobre la eficacia de los servicios ferroviarios: que no es bueno, pero que año tras año es mejor –o al menos no tan malo– y subrayan el esfuerzo de mantener las tarifas a precios tan bajos.

Siguiendo esa lógica, las fuentes gubernamentales consultadas por este diario descartaron de plano que se vaya a revocar la concesión a ninguna de las empresas operadoras del servicio, incluida TBA, que tiene a su cargo el ex ferrocarril Sarmiento. Los concesionarios de los ramales en peor estado son los que están hoy en el ojo de la tormenta porque se les cuestiona si hay equilibrio entre la rentabilidad que les deja los subsidios estatales y la calidad de la prestación del servicio.

En el Gobierno, en general, sostienen que las críticas que reciben por el funcionamiento de los trenes son injustas “si se tiene en cuenta en qué estado los recibimos y cómo los mejoramos”, según la definición de un funcionario. También afirman que para poder reacondicionar los servicios, de modo tal que las frecuencias entre viajes y la cantidad de vagones satisfagan la demandas de los usuarios, habría que hacer una inversión monumental que por ahora está afuera del alcance del Estado, salvo que se apele a una suba desmedida de las tarifas y aun así mantener los subsidios. Sólo para reemplazar los subsidios y mantener el servicio tal cual está hoy, calculan en el Gobierno –y ayer lo hizo público el secretario de Transporte Ricardo Jaime– el boleto de tren debería costar 3 pesos, lo que implicaría dejar a una gran cantidad de gente a merced de las líneas de colectivos o de a pie.