Durante tres años el juez federal de San Martín Alfredo Bustos intentó establecer el destino de los líderes del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) Mario Roberto Santucho y Benito Urteaga. Luego de escuchar testigos, disponer una excavación en Campo de Mayo en búsqueda de los cuerpos y recibir sucesivas negativas de las Fuerzas Armadas y del Poder Ejecutivo sobre el paradero de los jefes del ERP, el magistrado dio por concluida la “información sumaria”. Por eso, los familiares de Santucho, Urteaga y de quienes se encontraban con ellos cuando fueron atacados hace más de 25 años en un departamento de Villa Martelli, recurrieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El 19 de julio de 1976 un grupo comando integrado por personal del Batallón 601 del Ejército y de la Policía Federal, al mando del capitán Juan Carlos Leonetti, ingresó en el departamento de Villa Martelli en el que se encontraban Santucho, Urteaga –con su hijo José–, Liliana Delfino, Domingo Menna y Ana Lanzillotto, embarazada de seis meses. En 1996, cuando se cumplieron veinte años de este hecho y en base al derecho a la verdad, los abogados Manuel Gaggero y Elena Mendoza iniciaron una causa para averiguar el destino de los líderes del PRT-ERP.
Según la información oficial de la época, el 19 de julio de 1976 hubo un “enfrentamiento” en el que fallecieron Santucho y Urteaga. Sus acompañantes fueron “trasladados” a Campo de Mayo. Veinte días después, el pequeño José Urteaga fue entregado a su abuelos. Del resto de las víctimas no hubo más información.
En la causa, la Justicia Federal porteña solicitó informes sobre el caso al Estado Mayor General del Ejército, a la SIDE, la Policía Federal y la Gendarmería. Todas las respuestas fueron negativas y el entonces secretario general del Ejército afirmó que “por sus características” el comunicado emitido en 1976 informando de la muerte de Santucho podría ser auténtico, pero que no lo podía confirmar. El expediente pasó luego por la Cámara Federal porteña, la Cámara Criminal y Correccional de San Martín hasta que fue recibida por Bustos, que transformó la presentación en una “información sumaria”.
El suboficial “arrepentido” Víctor Ibáñez aportó un importante testimonio en el que admitió que los cuerpos de los líderes del ERP fueron enterrados en Campo de Mayo e incluso señaló un predio, dentro del lugar en el que había funcionado el Museo de la Subversión, donde podrían encontrarse los cadáveres.
Las excavaciones en los terrenos del Ejército no tuvieron buen resultado y Santucho y Urteaga siguen desaparecidos. Pero la causa no fue infructífera, permitió confirmar que los jefes del ERP fueron inhumados en Campo de Mayo y se recuperó el título de contador público de Santucho. El diploma, enmarcado con varillas doradas, había estado colgado del hall del Museo de la Subversión, cuya existencia, aunque pública, fue negada en el expediente por el dictador Jorge Rafael Videla y los generales Santiago Omar Riveros y Fernando Veerplaetsen. El diploma fue rescatado luego de que el entonces jefe del Ejército, Martín Balza, enviara al juez el inventario del museo, donde figuraba el papel que acreditaba que Santucho era contador. Junto con ese documento fue entregada una foto inédita del líder del ERP muerto o moribundo, que también había sido exhibida por los militares.
Después del “hallazgo” de las pertenencias de Santucho la causa comenzó a paralizarse. Y el expediente, en el que la Corte Suprema reconoció el “derecho a la verdad” de los familiares de los desaparecidos, se topó con el obstáculo más frecuente de este tipo de trámites: la dificultad de avanzar si los culpables o las Fuerzas Armadas se niegan a colaborar. Gaggero considera que “el Ejército tiene información que no está dando” y por eso reclamó esta semana ante la CIDH que el Estado argentino se comprometa en serio en esta búsqueda que quedó trunca.