Los diputados de la Comisión de Educación les presentaron ayer a las autoridades del Ministerio de Educación un primer documento-acuerdo para la elaboración de una norma que reemplace a la controvertida Ley de Educación Superior, sancionada en 1995. El acuerdo entre las fuerzas del oficialismo y la oposición –no participó la Coalición Cívica– define a la formación universitaria como un bien social no transable. “Esto implica garantizar la gratuidad de las carreras de grado y asumir la planificación del área con las universidades autónomas. La responsabilidad principal de su financiamiento es estatal”, explicó Adriana Puiggrós, titular de la comisión. El tratamiento de la futura ley en el Congreso quedó para 2009.