Según el fiscal Murray la decisión de la más alta jerarquía eclesiástica de designar a Oscar Justo Laguna en la diócesis nicoleña “tuvo un claro sentido político, en función de los intereses de la dictadura cívico militar” y “estuvo orientada a desarticular toda la actividad pastoral construida por Ponce de León y a eliminar todo rastro de las denuncias del obispo sobre las graves violaciones a los derechos humanos perpetradas por el Estado”. Dado el compromiso de Ponce de León con los familiares de desaparecidos, detenidos y perseguidos, “esa actividad de denuncia se corresponde con la posterior desaparición de toda la correspondencia epistolar y el archivo” que guardaba.

El sacerdote Nicolás Alberto Gómez declaró que la designación de Laguna como administrador apostólico constituyó una “intervención a la diócesis”, ya que ese obispo “tenía un grave prejuicio sobre nosotros”, que se correspondía con la “oposición interna eclesial” a Ponce de León, quien fue amenazado por su estrecha relación “con el pueblo –sobre todo con los pobres y las villas, los que sufren– a través de su compromiso cristiano y pastoral”. Tanto Gómez como la religiosa y docente Yolanda Filomena Berardi señalaron que el obispo recibió una nota que decía “preparate porque en julio se te acaba” y que contenía el dibujo de un ataúd. Káraman declaró que su convicción sobre el asesinato del obispo se fue afirmando por una serie de episodios posteriores: que el Obispado no hiciera ningún juicio por la muerte de su titular, que a la compañía aseguradora no se le permitiera revisar el auto pese a lo cual la policía dijo que el Obispado cobraría el seguro, que mientras Ponce de León agonizaba “la Clínica San Nicolás fue rodeada en forma permanente de milicos” y su velorio en la Catedral fue como un campo de concentración. “Hasta se palpaba de armas a los que entraban y yo mismo mandé a la puta madre que lo parió a un cana que intentó hacerlo”. Sobre el paso de Laguna por la diócesis declaró que fue “nefasta”. Les decía a los presbíteros conmovidos por la muerte de su obispo “que parecíamos viudas y que estaba harto de oír hablar de Ponce de León”. También les cuestionó la teología “epidérmica” que seguían. “Su misión fue desarmar lo que Ponce había armado.” Esa actitud fue tan evidente que cuando lo designaron obispo de Morón ni un solo sacerdote de San Nicolás asistió a su investidura.

El sacerdote Marcelo Domenech declaró que Ponce de León, formaba parte de un grupo con los obispos Antonio Brasca, Alberto Devoto, Vicente Zaspe y Enrique Angelelli, con quienes coincidía respecto de los desaparecidos y las opciones pastorales. Más que un administrador apostólico, Laguna “fue una especie de inspector”. Según Domenech su nombramiento por el nuncio Laghi constituyó una “intervención de la diócesis”. Ponce de León había conformado un cuerpo de consultores “con expresas indicaciones de que ante un acontecimiento que lo apartara del Obispado se nombrase rápidamente a un sacerdote de la diócesis como Administrador Diocesano”. Pero Laghi demoró la decisión de ese cuerpo “hasta que venciera el plazo de los ocho días para su pronunciamiento, de manera que perdiera la potestad de intervenir”. Esto permitió el nombramiento como administrador apostólico de Laguna. También Domenech dijo que durante el velorio la catedral estaba tomada “por gente de los servicios de distintas fuerzas de seguridad, casi todos de civil, lo mismo que el día del entierro, donde esta presencia de los servicios se identificó. Esta actitud de las fuerzas de seguridad formó parte de controlar quiénes vienen o si hay algún tipo de manifestación, para saber quiénes eran”. El sacerdote Marcelo Lisandro Sbaffo recordó que “se dudaba del accidente sobre todo por el contexto que se vivía y por lo que había pasado Angelelli” y que “hubo indignación” porque “la cosa no se manejó como correspondía, quedó la sensación de que los movimientos de la misma Curia eran de no ‘levantar mucha polvareda’, de conformarse con las versiones que traían oficialmente, primero por la intervención de Laguna, donde se perdieron cuatro o cinco meses fundamentales”. Agregó que “a todos nos quedó un gustito amargo el hecho de no investigar ni insistir en lo que había pasado, ya que era un obispo que estaba amenazado y que fue uno de los pocos que defendió a muerte a sus sacerdotes frente al poder militar”. La monja Berardi relató que Ponce de León la convocó para trabajar en orientación para jóvenes pero que Laguna separó a todas las religiosas de la pastoral diocesana.

“Entiendo que de dichos testimonios palmariamente surge la voluntad política de la jerarquía de la Iglesia Católica Apostólica de Roma, en coincidencia con las autoridades de la dictadura cívico-militar, de desarticular la prolífica y comprometida labor pastoral desarrollada por Ponce de León en esta diócesis, situación que se agudizó tras su muerte”, concluye Murray. No le parece casual que en ese contexto haya sido designado como administrador apostólico –directamente desde el Vaticano– el imputado Laguna que integraba la Comisión de Enlace entre el Episcopado argentino y el gobierno usurpador del poder constitucional, con reuniones periódicas con los Secretarios de las tres Fuerzas Armadas... Esto hace que de las sospechas iniciales que dieron lugar a la indagatoria de Laguna se haya “avanzado hacia un grado de probabilidad suficiente, respecto de la voluntad del imputado no sólo de falsear la verdad de los hechos históricos de manera intencional, sino también la de callarlos, alegando desconocimiento de situaciones, omitiendo contestar preguntas en parte, escudándose en que su llegada a San Nicolás había sido un año después de la muerte del obispo”. Por todo ello, solicitó su procesamiento, que ahora debe decidir Villafuerte Ruzo.