La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) pidió en su alegato veinticinco años de prisión y cárcel común para ocho represores juzgados por 17 casos de secuestros, torturas y desapariciones en el centro clandestino de detención La Escuelita, que funcionó en el batallón militar de Neuquén durante la última dictadura. El organismo es querellante en el juicio que en esa provincia, donde ex militares y oficiales, encabezados por el ex jefe de inteligencia del batallón y el ex general Enrique Braulio Olea, están acusados de integrar una asociación ilícita. “El plan criminal se llevó adelante en todo el país con la misma metodología, secuestros, desapariciones, interrogatorios bajo tortura, eliminación física y centros clandestinos”, afirmó el abogado Bruno Bonetti durante el alegato. “En nuestra región ese infierno clandestino se llamó La Escuelita”, dijo.