Electroingeniería se molestó por una nota de Nelson Castro sobre dos de las obras que construyó en la Patagonia, La Nación no abre sus páginas a investigaciones independientes sobre las sociedades en paraísos fiscales que forman parte de su paquete accionario, ni Clarín acerca de la propiedad de sus cables o el derrame de efluentes de su papelera en el río Baradero. La diferencia es que en este momento sólo la empresa propietaria de radio Del Plata es al mismo tiempo contratista de obra pública con el Estado. Castro dijo que las explicaciones de la empresa sobre el costo diferente de las líneas de alta tensión que tendió en Chubut y en Santa Cruz eran convincentes y atribuyó lo sucedido a no identificadas presiones oficiales. El beneficio que el gobierno pudiera obtener por el alejamiento temporario de un periodista crítico como Castro, quien podrá seguir su labor en otro medio, es menor en comparación con el daño que le causa la verosimilitud de la denuncia. O el gobierno no tuvo intervención o no conoce bien su propia conveniencia. La única forma segura de proteger la libertad de expresión de cualquier arbitrariedad es acabar con la promiscuidad entre medios de comunicación y negocios con el Estado, para lo cual la sanción de una nueva ley de servicios audiovisuales ofrece la oportunidad.