El Gobierno buscó una vez más mostrar como “una prioridad” mejorar la situación de los jubilados y a la vez, con este aumento del 11,69 por ciento, inyectará a partir de marzo y mes a mes hasta el nuevo aumento de setiembre más de 600 millones de pesos en los bolsillos de un sector que los volcará automáticamente al consumo. Lo dijo el jefe de Gabinete, Sergio Massa, al calificar al aumento de ayer como un hecho que “no sólo es de estricta justicia, sino también un gran motor de la economía, porque los jubilados no especulan, consumen”.

El Gobierno siempre sacó pecho por los sucesivos aumentos a los jubilados que fueron otorgados durante la gestión de Néstor Kirchner, luego de años de congelamiento e incluso de una quita del 13 por ciento durante el gobierno de Fernando de la Rúa. Luego le sumó la incorporación al sistema previsional de un millón y medio de personas que no cobraban jubilación. Y, finalmente, la sanción de la siempre postergada ley de movilidad de los haberes, ya bajo el mandato de Cristina Fernández de Kirchner. Ayer, además de recordar todo esto, en el Gobierno se jactaban de que si se hubiera aplicado para la movilidad el índice Ripte, como pedían sectores de la oposición, el aumento habría sido del 9,51 por ciento en vez del 11,69.

También varios funcionarios resaltaron el valor de tener superávit fiscal y el sentido político que le da el Gobierno, en una indirecta aunque clara vinculación con el conflicto de las cámaras agropecuarias. Por ejemplo, el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, lo dijo así: “Esto es una prueba más de que una ajustada administración fiscal y de preservación de los recursos es el paso ineludible para mejorar los ingresos de las jubilaciones”. Una forma de decir, entre otras cosas, que si se suspenden o rebajan las retenciones a los productores agropecuarios no se dispondría de dinero para fines sociales. Massa también apuntó hacia allí. “Tener dos aumentos en el año da previsibilidad a los abuelos. En este contexto hay que fortalecer el poder adquisitivo de los sectores más vulnerables, y los jubilados son uno de ellos”, señaló.

En un contexto impregnado por el conflicto con los empresarios del campo, Massa también lanzó su crítica elíptica hacia ese sector: “Los jubilados no cortan rutas ni hacen piquetes, esperan simplemente que todos los que tengamos responsabilidad tendamos una mano extendida para reconocerles el camino recorrido y el esfuerzo hecho para la construcción del país”.

El próximo aumento, según marca la ley de movilidad, será a partir del 1° de setiembre y las primeras estimaciones sostienen que podría ubicarse entre el 9 y el 10 por ciento. De ser así, los jubilados y pensionados redondearían un aumento anual superior al 20 por ciento, que los ubicaría bastante por encima del costo de vida real estimado para este año y de lo que vayan a conseguir de aumento buena parte de los sindicatos en las discusiones de los convenios colectivos de trabajo. Basta recordar que el Presupuesto 2009 prevé una inflación del 9 por ciento y que en la Casa Rosada, aunque no quieren hablar de pisos ni techos para las paritarias, en la intimidad no ven con malos ojos un valor de referencia de entre el 13 y el 15 por ciento.