Cuesta decidir si es más grave que Macri pague sobresueldos a sus funcionarios o si, al menos en términos culturales, es peor que este hecho se haya presentado con toda naturalidad escondido bajo la impronta McDonald’s. En todo caso, lo segundo debería sorprendernos más que lo primero.

El pago de un bonus track para los funcionarios que cumplan sus deberes de funcionarios –queremos hacer valer la redundancia– fue establecido en febrero de este año mediante la Resolución 47. Cuando consultaron a la vicejefa de Gobierno sobre el tema, dijo que “en realidad esa plata no salía del presupuesto”. Por lo tanto, o estaba admitiendo que los sobresueldos se pagan con dinero en negro o, como casi no fue a las sesiones de la Legislatura que preside, desconoce hasta lo más elemental del funcionamiento institucional de la ciudad. También aseguró que no se trataba de cargos políticos, sino de funcionarios de carrera. Mintió descaradamente, porque todos los directores generales a los que alude la resolución son nombrados o removidos por la gestión de turno con criterios absolutamente políticos. Sin embargo, como a Gabriela Michetti no le repreguntan ni aunque conteste en chino, al asunto “lo dejaron ahí”.

¿Por qué queremos “traer aquí” nuevamente un tema que muchos medios han abandonado? ¿Por qué insistimos en detenernos sobre algo que el vértigo del infoentretenimiento ya depositó en el pasado? Con su propuesta de gobernar la ciudad más grande del país como si se tratara de una cadena de comida rápida, el macrismo no oculta sino que pone a la luz de las cámaras el sentido profundo de su concepción de la (a)política. Por un lado, porque sus funcionarios (suyos porque él los eligió) no basan su trabajo ni en el compromiso político o ideológico o ético, sino apenas en la posibilidad de ser premiados con sobresueldos. Por otro, porque en su implacable lógica de empresario, merecerían ser bonificados quienes, por ejemplo, maximizan las ganancias y minimizan los costos. En tal caso nos preguntamos si serán premiados los funcionarios del Ministerio de Educación que decidieron “ahorrar” quitándoles los kits de útiles escolares a los chicos y chicas de menores recursos. O quienes decidieron reducir la cantidad de comida de las viandas que llegan a las escuelas más pobres.

Podrán decir que no representa mucho en el presupuesto pagarle el doble del sueldo a un director general, unos 17.857 pesos. Les podrá parecer poco importante, aunque multiplicado por los 147 funcionarios de ese rango impliquen 2.624.979 de pesos. Sin embargo, frente a los “ahorros” que este gobierno realizó en materia educativa, la suma y el gesto adquieren un relieve que los maestros no queremos pasar por alto.

No vamos a caer en esa chicana fácil, a la que Macri y Michetti son afectos, de decirles que aumentan el “gasto político”. Toda erogación del Estado es política. La cuestión es en qué política se gasta o, mejor, cómo se invierte.

Los docentes le queremos hacer llegar al jefe de Gobierno una propuesta concreta y humilde en este sentido: ¿Por qué no destina esos más de dos millones y medio de pesos para dotar de útiles, libros y material didáctico a las cien escuelas más necesitadas de la ciudad? No nos venga con que nos metemos en política. Ya le dijimos que sí, que para nosotros la educación debe ser una política de Estado.

* Unión de Trabajadores de la Educación-Ctera.