La polémica entre el Poder Ejecutivo y el Judicial, en la que se debate qué poder del Estado es el responsable de la impunidad respecto del terrorismo de Estado, tiene como aspecto positivo que se presente la posibilidad de descifrar por qué estos hechos –que se debían haber juzgado hace más de treinta años– encuentran a la gran mayoría de los genocidas sin condena, a pesar de que en su totalidad ya fueron identificados por sus delitos.

La realidad indica que el Estado en su conjunto fue el encargado de implementar el terrorismo. Y fueron el Estado mismo y sus tres poderes los que hasta hace sólo unos pocos años, y con rarísimas excepciones, los que han garantizado la impunidad para esos delitos y sus autores.

Esto no quiere decir que la responsabilidad deba caer sobre quienes hoy son jueces de la Corte Suprema o el Poder Ejecutivo de turno. Existen causales estructurales y superestructurales en los poderes del Estado que afectan en forma directa el avance de estos procesos.

Entre las causas estructurales a la decisión política del gobierno de Néstor Kirchner de acabar con la impunidad debería haber seguido una verdadera política integral de cada uno de los poderes del Estado para que adecuen sus estructuras a la cantidad y variedad de nuevas tareas que ello significaba (creación de secretarías ad hoc en los diferentes tribunales, comisiones de seguimiento parlamentarias, infraestructura humana y tecnológica, entre otros), con la consecuente asignación presupuestaria para hacerlo posible.

Si bien los avances son innegables, las readecuaciones no resultaron suficientes. Sólo se crearon algunas unidades específicas en el ámbito del Poder Ejecutivo (Programa Verdad y Justicia, por ejemplo); la Corte Suprema ha creado la Unidad de Asistencia y Seguimiento de delitos de lesa humanidad con escasos resultados y sólo algunos tribunales poseen secretarias ad hoc (por ejemplo en la causa “Campo de Mayo”). En el ámbito del Ministerio Público Fiscal fue implementada la Unidad Fiscal de coordinación y seguimiento de las causas por violaciones a los derechos humanos. Pero la coordinación y la articulación entre las diferentes instancias resulta bastante difícil.

Tomando el ejemplo de la Justicia, la gestión administrativa y presupuestaria deja mucho que desear. Mientras que el Poder Judicial vio disminuido su presupuesto, la Corte Suprema de Justicia subejecuta el presupuesto asignado.

En el caso del Poder Ejecutivo, el actual programa de protección de testigos fue creado principalmente para casos relacionados con el narcotráfico, por lo tanto no satisface las necesidades específicas de los testigos. Por otro lado, cientos de víctimas, testigos y querellantes de las causas por los crímenes de la dictadura continúan siendo amenazados y, transcurridos más de dos años de la desaparición de Julio López, nada sabemos aún de su paradero ni de quiénes fueron sus captores, como tampoco de quiénes ordenaron su desaparición.

Asimismo, no es cierto que el Congreso ya haya dictado todas las normas necesarias. A casi 33 años del golpe genocida y en pleno año electoral, todavía no tenemos una norma que inhabilite a ocupar cargos públicos a quienes cometieron delitos de lesa humanidad o fueron cómplices del terrorismo de Estado para luego ampararse en las instituciones democráticas, garantizando de esta forma su impunidad. El ejemplo del vocero del vicegobernador tucumano, Francisco Sassi Colombres, ex ministro de la dictadura de Domingo Bussi, es un claro y nefasto ejemplo. También es necesario crear por ley nuevos tribunales orales, para que las causas no se estanquen, ni se empantanen por decenas de años, lesionando una vez más el derecho de las victimas a la justicia.

Estos son sólo algunos ejemplos de que no todo está dicho y que todavía nos queda un largo camino por recorrer y por hacer para terminar con la impunidad. En momentos en que en nuestra sociedad el principal debate es el de la seguridad, escuchamos de muchos sectores políticos recetas mágicas en las cuales se deja de lado que, para tener un sistema judicial creíble y unas fuerzas de seguridad confiables, necesitamos inexorablemente el fin de la impunidad. Mientras que jóvenes excluidos por un modelo injusto son condenados a 8 años de prisión por robar 15 pesos y aquellos que llevaron adelante el exterminio de toda una generación siguen impunes, se hace realidad aquello que alguien dijo alguna vez de que la justicia la escriben los ricos y poderosos para que la cumplan los pobres.

* Diputada nacional por el Movimiento Libres del Sur. Nieta recuperada.