No será fácil el tramo que le tocará atravesar a la relación Gobierno-CGT en las próximas semanas. Quizás la dificultad se prolongue a lo largo del año, mientras se mantenga la presión de la crisis mundial sobre la economía local. Pero lo más complicado, por la suma de condimentos, estarán en las vivencias de los días inmediatos por vivir. El encuentro de anoche entre Cristina Fernández y Hugo Moyano quizás haya sido, simplemente, el primer ensayo por entablar una relación que contemple las necesidades mutuas. En una prolongada reunión, la discusión del diagnóstico de la situación ocupó anoche más tiempo que las propuestas. No por desacuerdos fundamentales, sino por la complejidad del panorama. Las amenazas de despidos, la competencia electoral, la sombra de una crisis mundial que se agiganta y un clima social que indudablemente se enrarece son demasiados componentes coincidiendo en un mismo momento de la realidad. A eso se enfrenta la CGT de Moyano, haciendo esfuerzos por soportar las corrientes que lo empujan a separarse del Gobierno, y Cristina Fernández, que se esfuerza por contenerlo de su mismo lado.

El diagnóstico laboral que anticipó el titular de la CGT antes de ingresar a la reunión plantea la amenaza de una ola de despidos que podría desatarse, tan sólo en las próximas semanas, en los sectores automotor, metalúrgico, construcción, textil y de servicios portuarios. Es decir, a lo largo de toda la columna vertebral de la actividad productiva. Pero inmediatamente fue el propio Moyano quien intentó quitarle dramatismo a sus dichos, asegurando que la situación “no es alarmante, pero preocupa”. En rigor, es mucho más que preocupante.

Hoy existe una enorme masa de trabajadores que está mantenida por el régimen de subsidios de 600 pesos por mes dispuesto por el Gobierno para cambiar despidos por suspensiones. Automotrices, siderometalúrgicas, textiles y hasta empresas de la alimentación han ingresado en procedimientos de crisis que desembocaron en esa “solución”. Una respuesta coyuntural que evitó el impacto coyuntural, pero que sólo se convertirá en solución definitiva si la crisis importada fuera pasajera, y las empresas retomaran su actividad normal pasado el chubasco. Pero esta crisis es más que eso.

Las empresas que han tomado la delantera en aplicar políticas de ajuste sobre sus planteles han sido, en general, filiales de multinacionales. Responden a una estrategia global, en la cual la instrucción es desensillar hasta que aclare, y al menor costo. Las empresas locales las siguieron. También en eso son líderes las primeras. El Gobierno inició una negociación con las líderes para evitar una catástrofe social, pero sólo logró postergar por algunos meses la decisión final, que en muchos casos es el despido. Así está escrito, incluso, en muchos expedientes que reposan en el Ministerio de Trabajo. El costo que pagó el Gobierno fue subsidiar las suspensiones. El problema es que muchos de estos planes vencen en los próximos meses.

A este gobierno no le falta decisión para meter mano en el control de aquellos sectores en los que el capital privado deserta. Ya lo ha demostrado. Los pasos que está dando la Anses en pedir asientos de director en empresas de primera línea así lo demuestran, y hasta podría interpretarse como pasos preparatorios de una política de mayor intervención, si las circunstancias así lo requirieran. Como pinta el panorama mundial, las circunstancias no vienen nada livianas.

La mayor parte de la oposición tomó algunas actitudes del Gobierno con una liviandad asombrosa. O no tan para el asombro, después del debate y ciertas posturas opuestas a la recuperación del control de Aerolíneas Argentinas. Lo concreto es que el escenario futuro, con las oscuras sombras que proyecta la crisis mundial sobre la región, no aparece reflejado en el debate político. La CGT, con líneas de contacto mucho más estrecho con la realidad, terminó incluyéndolo en su relación dialéctica con el Gobierno, aunque sea por sus efectos finales: los despidos.

Los remedios que incluye la receta de la CGT no curan, pero calman el dolor. Aumentar el subsidio al desempleo, cubrir las asignaciones familiares a los despedidos, ampliar la capacidad de las obras sociales para mantener las prestaciones a los afectados es asumir la inevitabilidad de la pérdida de las fuentes de trabajo. El Gobierno subió ayer la apuesta en una mesa que no es estrictamente de negociación, sino más bien de discusión de estrategias. La postura oficial privilegia el combate contra la actitud mezquina de empresas que buscan cerrarle la puerta en la cara a sus trabajadores para “bajar costos”.

La lectura oficial sobre los últimos cambios en la conducción de la Unión Industrial Argentina fue que se consolida esa actitud. Héctor Méndez, nuevo presidente, representa mucho más la política del ajuste –desde atrás lo apuntalan Techint y las automotrices– que su antecesor, Juan Carlos Lascurain, un hombre identificado con el desarrollismo industrial y un mercado interno fortalecido. Incluso como respuesta a la crisis. Contra los nuevos vientos patronales, el Gobierno no se resigna a aplicar meros paliativos.

El dilema, de alguna manera expuesto pero en otra gran medida implícito en el diálogo de ayer entre Gobierno y CGT, es si se va a privilegiar la política de corto plazo o la de largo. La CGT, en la de corto, juega a no perder representatividad. Quiere mostrar logros, que en la mesa de debate con la cúpula empresaria hoy difícilmente recoja, y por lo tanto recurre al Gobierno. Quiere mostrar capacidad de convocatoria, por lo cual se juega una carta fuerte en la movilización con la que celebrará el 1º de Mayo. Quiere mostrar que tiene peso político, por lo cual exigirá cargos en lugares expectantes en las listas oficiales para la elección legislativa de junio. Y no quiere quedar marginada en la calentura social que se siente en las calles, sobre todo por el regreso de esa otra inseguridad de la cual los candidatos mediáticos no se ocupan: la inseguridad laboral.

Para preservar su política de largo plazo, su “modelo”, el Gobierno se ve obligado a enfrentar todas esas acciones sobre un mismo escenario y al mismo tiempo. La puja con las patronales, la demanda social y política de la CGT y el cuidado de que la crisis internacional no provoque un daño mayúsculo en la economía y sociedad local. Aparte de audacia y política, el Gobierno deberá sumar aliados. Los adversarios se suman solos.