El fallo de la Cámara de San Martín convalidó la investigación sobre las concesiones y privilegios que gozó Héctor Febres durante la década que pasó con prisión preventiva en la sede Delta de la Prefectura: visitas ilimitadas, celulares, computadora, departamento privado, salidas a veranear en la base naval de Azul, utilización de las instalaciones para festejos familiares, entre otros beneficios impensados para cualquier preso. Por eso mantuvo el procesamiento del prefecto Mario Volpi, a cargo directo del represor, y del jefe de la sede Delta, Roberto Iglesias, por abuso de autoridad, aunque ordenó que fueran liberados porque ya no estaban acusados de haber sido partícipes necesarios de homicidio. La responsabilidad de la cadena de mandos en la muerte del represor es un capítulo abierto en la investigación de la jueza.

En su resolución, los camaristas Alberto Criscuolo y Horacio Prack ratificaron que el ex enlace entre la Prefectura y la Armada en la ESMA tuvo un “régimen elástico no reglamentario de detención”, lo cual habilitaría a la jueza a abordar las responsabilidades que van “más allá” de Volpi e Iglesias, en línea ascendente en la cadena de mandos. La alusión también le podría caber a Sergio Torres, el último juez que tuvo a su disposición al represor envenenado, a sus antecesores y al Tribunal Oral Federal 5, que llevaba adelante el proceso oral en el que Febres estaba siendo juzgado. “Estas responsabilidades todavía no se terminaron de despejar”, dijo a Página/12 una alta fuente del caso respecto del rol institucional de la Prefectura e incluso de la Armada en la muerte de Febres.

“Febres iba a ser el primer condenado de una fuerza que respondía a la Marina, pero su asesinato, cuatro días antes de la sentencia, reveló la forma impúdica en que estaban detenidos los miembros de las Fuerzas Armadas y de seguridad, demostró la falta total de voluntad de la mayoría de los jueces de tratarlos como lo que son, genocidas, y que en el interior de las Fuerzas Armadas siguen mandando ellos, porque el Ejecutivo tampoco tiene voluntad de desarticular ese poder interno”, dijo Enrique Fukman, sobreviviente de la ESMA y querellante del juicio contra Febres. Recordó, además, que Febres “ponía la pelopincho en la terraza del destacamento de Prefectura, festejaba ahí el cumpleaños de su nieta, llamaba al delivery desde su camarote y entraba sin esposas al juicio, entonces Bagnasco, Montenegro, Torres, el TOF 5, la Prefectura y el ministro Fernández, todos eran responsables de que estuviera detenido según las leyes, de que llegara vivo a la sentencia”.