Otra vez la construcción de un muro buscará ocultar a los excluidos de quienes pretenden excluirlos. La iniciativa es tan o más polémica que la del intendente de San Isidro, Gustavo Posse, quien levantó un paredón para separar parte su distrito del de San Fernando por razones de “seguridad”. El objetivo de este nuevo muro es dividir el predio de 15 hectáreas que compartían una escuela pública, donde concurren chicos y chicas de la Villa 31 Bis, y el complejo Puerto Pibes, donde suelen acampar, recrearse y aprender miles de jóvenes de todo el país. El motivo también es la “seguridad”. El colegio seguirá abierto pero Puerto Pibes será desalojado entre julio y diciembre de este año para darle lugar a un “centro de inteligencia” de la inminente policía metropolitana, que no portará armas de juguete, precisamente.

“Si levantan un paredón es porque hay algo peligroso del otro lado.” Esta sencilla observación, hecha por una de las maestras a Maira Cobos, representante del Ministerio de Educación de la ciudad, desplomó la última reunión privada entre madres de alumnos, autoridades del colegio y funcionarios del gobierno porteño, que fueron al predio el pasado 23 de abril para explicar cómo sería el muro. Antes de que las madres de los chicos suspendieran el encuentro por estar en desacuerdo, los arquitectos Luis Rey y Graciela Forma comentaron que el recorrido del paredón de tres metros sería en zig zag para que no sea tan chocante para los niños. Pero disfrazar el muro resulta, por lo menos, complejo.

Puerto Pibes y la Escuela Nº 11 comparten una gran comedorcocina de techo alto y paredes vidriadas que dan al parque. El plan de reestructuración, presentado y defendido por la representante del Ministerio de Educación porteño, incluye dividirlo, enrejarlo y sellar parte de los ventanales. Cuando madres y autoridades del lugar quisieron más detalles de esta complicada separación, la funcionaria les dijo que “no se puede hacer futurología”, pero estimó que la obra se haría durante las vacaciones de invierno, a más tardar en las de verano, como para mitigar el impacto en los chicos. “Este era un lugar para integrar –le replicó otra docente–, no para dividir.”

Los funcionarios juraron que durante la obra desaparecería del predio el pelotón de uniformados de la futura policía porteña, que se instalaron en dos cuartos de Puerto Pibes hace un mes sin dar explicaciones, tal como reveló Página/12 en aquel momento. Esta ocupación derivó en varios pedidos de informe de los bloques opositores en la Legislatura, entre ellos, la Coalición Cívica, el Frente para la Victoria, Diálogo por Buenos Aires e Igualdad y Solidaridad. También hay un recurso de amparo presentado a la justicia por la diputada Liliana Parada para impedir el cierre de Puerto Pibes. Otro recurso presentado por la misma legisladora apunta a impedir la construcción del controvertido muro. El caso, considerado “emblemático” por los legisladores, motivó una reunión especial entre la oposición, distintos gremialistas y militantes por los derechos humanos. Se denunció que el macrismo cambiaba “inclusión por represión” y se organizó un festival solidario en la puerta del predio.

El Ministerio de Seguridad tardó en oficializar el traspaso de Puerto Pibes, que funcionaba dentro del área de la cartera de Desarrollo Social. El ministro Guillermo Montenegro pidió disculpas en persona por esto durante otra reunión con padres y autoridades del colegio Primera Ministra Indira Ghandi, el 15 de abril. Entonces, el funcionario macrista se hizo cargo de que la convivencia entre uniformados y niños era “una situación incómoda”. Para calmar los ánimos, dijo que era bueno “que la policía esté cerca de la gente y no rivalizando”. No los convenció.

Cinco días después de esta reunión, las madres de los alumnos enviaron una carta a la Defensoría del Pueblo porteña. “El ministro Montenegro nos propuso edificar un muro para separar ambos predios. Pero no queremos eso, queremos que Puerto Pibes siga siendo de y para los chicos y que sea un puente que nos una a la escuela primaria y no que nos separe.” Este último motivo fue el que originó la creación del espacio, según relató Patricia Pinoaga, delegada de las cooperadoras escolares de ese distrito porteño.

“En los ’60 el lugar pertenecía al Patronato de la Infancia y a la escuela iban los hijos de la gente pobre que vivía en la villa del Bajo Belgrano. Los internados compartían el comedor y la escuela con los chicos de la villa. De hecho –relató Pinoaga–, antes de darse este predio en concesión al Sindicato de Empleados de Comercio, quedó establecido que había que respetar y sostener las actividades recreativas y culturales del lugar y el colegio también. Si no, había que reubicarlos, pero nunca suspender las actividades.”

La decisión de construir ya está tomada porque “por suerte”, como aclaró esta delegada, las autoridades del gobierno porteño no piensan construir otra escuela en reemplazo. “No se descargaron materiales por ahora, pero las madres de los alumnos ya me avisaron que si ven un solo ladrillo dando vueltas me llaman”, dijo Pinoaga. Es la única persona cercana al colegio que puede hablar sin tapujos porque el Estado no le paga un sueldo como a los docentes, ni es funcionaria, y por lo tanto no corre riesgos de sufrir sanciones. “Siempre fue importante en el área de Educación, por el tema de los abusos de los adultos, que se respeten los espacios de niños y adolescentes, es incomprensible que haya gente del área que defienda la presencia de la policía”, agregó.