La diputada K Diana Conti, integrante del Consejo de la Magistratura, cree que “no es necesaria” ninguna reforma del organismo y que el resurgimiento de la discusión es una cuestión de “oportunismo político” de la que echa mano la oposición. A pesar de todo, bajo instrucciones de Cristina Kirchner, estará abierta a escuchar propuestas. Según la legisladora –en la foto–, no hay demasiado que reprocharle al nuevo Consejo (posterior al achicamiento) en comparación con su antecesor. Para demostrarlo ofreció algunos datos y cifras: en ocho años el consejo anterior impuso 18 sanciones, mientras que el actual en dos años y siete meses impartió 13; hasta 2006 hubo 17 acusaciones, dos destituciones y cinco absoluciones, más diez renuncias previas al juicio, mientras que en el siguiente período se acusó a dos jueces, uno fue destituido y otro está por serlo y 30 renunciaron para evitar el jury; los concursos –asegura– antes duraban en promedio 17 meses y ahora duran 11,5. Todo esto, sostiene, se hizo con una reducción importante del personal. Antes las audiencias eran secretas y ahora son públicas. Desde Observa, una ONG que funciona como observatorio de todos los movimientos dentro del Consejo –y que integran el ex consejero Beinusz Szmukler y el ex camarista y fiscal anticorrupción José Massoni– sostienen que el mayor problema es de “arbitrariedad en el tratamiento de los concursos y de las causas”. Los juicios políticos, dicen, siguen siendo herramientas de presión dada “la morosidad y disparidad incomprensible en el tratamiento de algunas denuncias”. “Hay jueces cuya conducta está en duda desde hace seis años, mientras siguen impartiendo justicia; otras investigaciones llevan dos, tres y cuatro años abiertas”, señalan. Los procesos de selección de jueces –alertan– siguen siendo demasiado largos y existe “manipulación” en el armado de las ternas de candidatos entre los cuales luego tiene que elegir el Poder Ejecutivo. Suele haber saltos “abruptos” –marcan– en los puestos que ocupan determinados postulantes.