“Aurora de una nueva República” se denomina el “conjunto de hombres y mujeres preocupados por el presente y el futuro de la República y sus instituciones”, que hizo su presentación pública el miércoles 8. Estos son, por orden alfabético, algunos de sus miembros:

Marcos Aguinis. Funcionario del gobierno alfonsinista en el área de Cultura. Entre otros libros escribió la biografía del almirante Guillermo Brown, a pedido de la DAIA y como homenaje y donación al almirante Massera en 1977. En el diario La Nación alterna artículos en los que compara a Kirchner con Hitler y otros en los que considera antisemita cualquier cuestionamiento a las violaciones a los derechos humanos por el gobierno de Israel.

Atilio Alterini. Juez civil y comercial, en 1976 prestó juramento por los estatutos golpistas. El brigadier Osvaldo Cacciatore lo designó director de asuntos jurídicos de la Municipalidad porteña, donde dictaminó en favor del despido de mujeres embarazadas y se refirió a la cesantía con la significativa expresión “acto eliminatorio”. Además convalidó el despido de una maestra detenida-desaparecida, por no presentarse a trabajar. Como miembro del Consejo Directivo de la Facultad de Derecho, Alterini aprobó el contrato y los honorarios de Alterini como director del proyecto Digesto Jurídico Argentino. La auditoría del Ministerio de Justicia detectó “un gasto exagerado en contrataciones de personal temporario, con presunto criterio de favoritismo político”. Entre los beneficiarios figura su hermano, el juez Jorge Horacio Alterini, con una remuneración mensual de 3000 pesos.

Miguel Angel Espeche Gil. Asesor de Elisa Carrió y postulante al premio Nobel de la Paz por una doctrina sobre la ilegalidad de la deuda externa. Durante la dictadura que contrajo la masa fundacional de esa deuda era director de América del Norte en la Cancillería. Según los documentos desclasificados por el gobierno de los Estados Unidos, en 1977 se quejó en tono emocional al secretario de asuntos interamericanos Terence Todman por la falta de reconocimiento a las presuntas mejoras en la situación de los derechos humanos. En cambio calló cuando le pidieron explicaciones por el secuestro de las monjas francesas y las Madres de Plaza de Mayo en la Iglesia de la Santa Cruz. En 1978 protestó porque el embajador Raúl Castro dijo que la Argentina tenía mala imagen por las violaciones a los derechos humanos y no reconoció “los progresos realizados”. En 1979 intentó negociar en vano la libertad de Jacobo Timerman por elogios del gobierno de Carter a Videla. También justificó la detención de dirigentes sindicales en la Argentina porque así se garantizaba el derecho a trabajar.

Pablo Luis Manili. Como constitucionalista postula la prioridad de los tratados internacionales de derechos humanos sobre el ordenamiento jurídico interno. Sin embargo objeta la nulidad de las leyes de punto final y obediencia debida y de los indultos. Esto le ha valido el encomio del rancio académico Horacio García Belsunce y la Cámara Federal de San Martín lo citó para declarar válido el indulto al ex jefe de Campo de Mayo, Santiago Riveros.

Horacio Sanguinetti. Director de asuntos jurídicos del ministerio del Interior durante la dictadura de Lanusse y asesor de gabinete del ministro Horacio Liendo durante la de Viola, datos que constan en su legajo oficial pero no en su curriculum que arranca con cautela en 1983, como si hubiera nacido con la democracia. Macri lo designó interventor del teatro Colón, cargo que debió dejar por el escándalo del alquiler para un show comercial de una marca de calzado de las pocas instalaciones utilizables en la caótica obra sin final a la vista.

Jorge Reinaldo Vanossi. Alternó entre la UCR y PRO. Como informante por la mayoría radical en el debate de la ley de obediencia debida este constitucionalista dijo que no usaría “capítulos de erudición ni excesivas citas, porque éste no es momento de pergaminos ni de entelequias intelectuales sino de realidades patéticas”. Agregó que “las cosas fueron como fueron” y es “ocioso entrar en bizantinismos jurídicos”. Ministro de Justicia durante la presidencia interina del ex senador Eduardo Duhalde dictaminó que los caceroleros incurrían en el delito de sedición.

Agustín Zbar. Legislador porteño de la UCR, en 1999 fundamentó la primera reforma al Código de Convivencia Urbano que devolvió a la Policía Federal la facultad de detener a los ciudadanos que antes dependía de fiscales o jueces, elevó de 10 a 30 días el plazo máximo de arresto y hasta prohibió hablar de sexo en la calle. Con un discurso muy parecido al que convalidó la ley de obediencia debida, dijo que “muy lamentablemente”, la nueva norma “debe ajustarse a las fuerzas del poder, y no podemos cumplir la misión más importante de un cuerpo legislativo y de la política, que es tratar de encauzar, de orientar la realidad, y no meramente de someterse a ella, de claudicar ante ella. Aun cuando esto vaya a convertir a muchas personas que ejercen una actividad lícita en víctimas de una norma”, que calificó como “de dudosa constitucionalidad, la misión más sagrada de esta Legislatura en el día de hoy, la razón de Estado, es evitar ese conflicto” con el gobierno nacional de Menem, que había firmado un decreto de reposición de los derogados edictos policiales.

Si así la defiende este águila guerrera, la República está a salvo.