El 8 de agosto el doctor Ricardo Zambrano participó junto a un grupo de vecinos de Soldati y Villa Lugano de una manifestación para reclamar al gobierno de Mauricio Macri por la demora en la construcción de un hospital. Como respuesta, lo acusaron de obstruir el tránsito y un fiscal contravencional le mandó una citación para que se presentase a declarar en los tribunales del fuero. Zambrano había cometido lo que el ministro de Justicia y Seguridad porteño, Guillermo Montenegro, advirtió que el gobierno de la ciudad no va a tolerar: cortó el tránsito sin pedir autorización previa.

Zambrano se topó con la vieja receta contra las protestas sociales, consistente en dar un trato de delincuente al que reclama. Una vez metido dentro de la maquinaria judicial, el acusado está obligado a bailar su baile: recibe citaciones, debe explicar por qué hizo lo que hizo, confronta con testigos que casi siempre son policías, atraviesa un proceso que dura meses. Si está en una situación socialmente vulnerable, se fragiliza aún más. Todo esto aunque el gobierno que sostiene esa política de “seguridad” decida, al aproximarse las elecciones, acelerar las obras del hospital e inaugurarlo, reconociendo que se trataba de una deuda social.

A Zambrano, que cometió el “delito” de cortar media calzada, ayer no le sorprendió el anuncio del ministro Montenegro sobre que la Policía Metropolitana va a “liberar” las calles bloqueadas en “defensa de la ley”. “La gestión de Macri siempre fue autoritaria y antidemocrática”, comentó el médico a Página/12.

La Policía Metropolitana, según detalló el ministro de Justicia porteño, actuará reforzando la política contravencional que el macrismo inauguró en el 2007 con el fiscal general de la ciudad, Germán Garavano. Sus ingredientes han sido la mano dura contra las protestas y una decisión de acusar a los organizadores o líderes de la manifestación, incluso aunque no hayan cometido personalmente la contravención.

El abogado de la CTA Juan Carlos Capurro lleva el caso de los trabajadores de la Asociación de Trabajadores del Estado que cortaron la calle por un reclamo gremial. Absueltos en primera instancia, la Cámara revocó el fallo y los condenó. Ahora el expediente está en el Tribunal Superior. “Tenemos muchos casos como éste, vemos que hay una obstinación en criminalizar lo que es un derecho”, dice Capurro. Apunta que “las protestas no están ocurriendo solamente en Buenos Aires, sino en todo el mundo. Yo acabo de venir de Francia, y en París no hay menos de seis manifestaciones por día, por la crisis económica; no las criminalizan”.

El caso de ATE fue el primer corte de calles que llegó a juicio oral. Es parte de una minoría, ya que el grueso no llega a las audiencias públicas. Los acusados aceptan muchas veces una probation para sacarse el tema de encima, y muchas acusaciones directamente no avanzan. Es el caso de Zambrano: “En el 2005 la Legislatura me dio una medalla por defender la salud y ahora por el mismo motivo me meten una contravención”, confrontó al fiscal, acompañado por dos diputados. El fiscal hizo una consulta telefónica y archivó la causa. Los defensores que conocen el paño apuntan que el objetivo de los fiscales contravencionales es desgastar a los imputados, y por eso no importa tanto cuántos llegan a juicio, ya que alcanza con hacerlos pasar por el proceso. Capurro señala que la clave del problema es el Código Contravencional, que reguló el uso del espacio público de la ciudad con un tono antidemocrático; el Código “pretende resolver los problemas de fondo como desocupación, el empobrecimiento y la dificultades sociales con medidas represivas”.