La decisión del gobierno de la ciudad de Buenos Aires de designar al ex comisario mayor de la Policía Federal Jorge Palacios como jefe de la Policía Metropolitana, desoyendo las serias imputaciones que se le formulan desde distintos ámbitos (incluido el judicial), organismos de derechos humanos y familiares de víctimas del atentado a la sede de la AMIA ha provocado conmoción en vastos sectores de nuestra sociedad.

El 18 de mayo pasado sostuve en esta columna –a propósito de la posible transferencia del predio asignado al programa “Puerto Pibes” a la nueva fuerza de seguridad– que “si la impronta es la marca o huella que, en el orden moral, deja una cosa en otra, las autoridades deberían reflexionar acerca de la carga simbólica que importa esta opaca cesión en ciernes en términos de rasgo de identidad de la naciente Policía Metropolitana”.

Este nombramiento comienza a develar el perfil que la actual administración pretende para el flamante cuerpo policial, y permite avizorar que, más allá de su denominación, habrá poco de novedoso y mucho de reciclado de prácticas y personajes.

La apuesta por el pasado implica resignar la histórica oportunidad de conformar una fuerza de seguridad basada en criterios transparentes, profesionales y participativos de selección y evaluación de sus miembros, como proponían algunos organismos y legisladores/as que propiciaban la designación de un civil al mando de la misma y previa audiencia pública, en la que la ciudadanía pudiera conocer los antecedentes de los/as postulantes y formular impugnaciones, en caso de resultar procedentes.

Abonando las presunciones del diputado Martín Hourest, quien en la reunión llevada a cabo en la Legislatura porteña a fin de analizar la designación de Palacios expresó que se trataba de una delegación de confianza privada entre el ex comisario y el jefe de Gobierno a la que pretende investirse de legitimidad pública, el ministro del Justicia y Seguridad concurrió al encuentro sin la foja de servicios del postulante y manifestó desconocer sus destinos durante su paso por la fuerza (donde habría revistado en “Coordinación Federal” durante la última dictadura militar). Del mismo modo, reconoció no haber leído el libro de autoría del ex comisario, en el que formula apreciaciones en clave con la tristemente célebre “Doctrina de la Seguridad Nacional”.

El argumento estrictamente jurídico esgrimido en favor del designado jefe de la Policía Metropolitana, basado en la garantía del principio de presunción de inocencia, soslayó el ámbito (político) en el cual se estaba analizando ese nombramiento y la dimensión ética y moral que importa el cuestionamiento acerca de la conducta pública de la persona encargada de garantizar la seguridad de los habitantes de esta ciudad.

* Ex defensor adjunto del Pueblo de la ciudad de Buenos Aires.