El Presupuesto nacional debería ser un instrumento clave de ejecución de política por parte del Gobierno a cargo del Estado nacional, y de control y evaluación por parte del Congreso. Por algo se lo denomina “Ley de leyes”. Pero no es así, por razones compartidas. Ni el Ejecutivo (el actual, ni ninguno anterior) se ciñe estrictamente a lo que marca el Presupuesto, ni el Congreso (éste ni los que lo precedieron) evalúa y controla lo ejecutado. Es en virtud de tantas fallas que la discusión en torno de los denominados “superpoderes” se convierte en “artificial”, aunque involucre el manejo y reorientación de miles de millones de pesos al año, nada artificiales. Así como el Presupuesto, su ejecución y su control, la limitación de las atribuciones para mover partidas debería ser una “cuestión de Estado”, por la que hoy debería celebrarse la iniciativa oficial. Lamentablemente, la escasa cultura en controles parlamentarios nos priva de eso. Aunque, en voz baja, se pueda decir que es un interesante avance.

El mecanismo de delegación de la reasignación de partidas en favor del Ejecutivo se pidió, en 2004 y 2005, al Congreso para cada uno de esos períodos en particular. A partir de 2006 la facultad adoptó carácter general, aunque debía ser renovada periódicamente. La actualmente vigente vence el mes que viene. Con las críticas que merezca, este mecanismo resultó mucho más transparente que las prácticas anteriores mediante el uso de cuentas de Gastos Reservados.

Aunque sea cierto que en estos seis últimos años de Gobierno no haya excedido del cinco por ciento de los ingresos presupuestarios para reasignar a su arbitrio las partidas, hay que tener en cuenta que este instrumento era acompañado de otro tanto o más generoso: la asignación de los excedentes presupuestarios. Es decir, cada vez (y sucedió todos los años) que la recaudación superaba lo proyectado, por vía de “ampliaciones presupuestarias” el Ejecutivo disponía y aplicaba los fondos adicionales.

Fueron años de fuerte crecimiento, en los que de cada 10 puntos que crecía el producto (20 mil millones de dólares, supongamos), una cuarta parte ingresaba como excedente presupuestario a las arcas fiscales (5 mil millones de dólares, o 15 mil millones de pesos, en ese caso). Pero a partir de ahora, el Ejecutivo ya no contará ni con esos excedentes (los ingresos fiscales de este año y el próximo podrían ser semejantes o, incluso, inferiores a los proyectados) ni con la facultad de mover partidas a su arbitrio.

¿Quedará atado de pies y manos? No, quedará atado al Presupuesto Nacional, lo cual no es malo. Además, con un margen para mover partidas del 5 por ciento de los ingresos, que no es poco. Proyectando ingresos por 240 mil millones de pesos para 2010, se estaría hablando de facultades delegadas por 12 mil millones de pesos para reasignar.

En años de vértigo como los transcurridos entre 2003 y 2007, el gobierno nacional aplicó buena parte de esos fondos a corregir un modelo de servicios públicos incorregible, proveniente de la etapa de las privatizaciones, con contratos de los años ‘90 absolutamente descompensados entre los beneficios de los concesionarios y sus obligaciones (adivine a favor de quién), con regímenes de tarifas dolarizadas en las que el Estado pasaba a ser un simple administrador de mecanismos que no controlaba. Hubo desprolijidades, abusos y falta de control. Pero esto último es atribuible a quienes debían controlar. Aunque también acompañamiento de un proceso de crecimiento con un modelo de servicios públicos y un aparato del Estado absolutamente precarios.

El avance propuesto ayer, como fue dicho, es interesante. Y puede fortalecer la gestión del Estado y sus instituciones. No se espere que quienes están en contra de la existencia del Estado, lo aplaudan. Los demás, esperemos que sepa aprovecharse la ocasión.