Apenas los cuatro dirigentes agropecuarios entraron a la oficina del jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, por una puerta que comunica con su despacho apareció la presidenta Cristina Kirchner y saludó a cada uno dándole la mano. “¿Cómo le va Biolcati?”, y así siguió la ronda mencionándolos por su apellido. “Los dejo con los ministros porque tengo reunión con los gobernadores”, les dijo al retirarse. Fue apenas un minuto. Luego ruralistas y los cuatro funcionarios (Fernández, los ministros Amado Boudou y Débora Giorgi, y el director de la Oncca, Emilio Eyras) se sentaron alrededor de la mesa rectangular del Jefe de Gabinete y fueron a los papeles, sin prólogos, para consumir dos horas cuarenta en una reunión que al fin de cuentas dejó bastante conforme al Gobierno.

Esa conformidad, según explicaban anoche altos funcionarios de la Casa Rosada a Página/12, estuvo dada básicamente porque se trabajó sobre temas concretos del sector, dejando de lado chicanas políticas que abundaron antes, durante y después de cada encuentro desde marzo de 2008, cuando empezó el conflicto por las retenciones. Es decir que, desde la óptica de los funcionarios, los ruralistas no se plantaron en esta reunión como adversarios políticos, algo que había ocurrido casi invariablemente desde el inicio de la confrontación y hasta hace pocos días, cuando el presidente de la Sociedad Rural, Hugo Biolcatti, se adjudicó sorpresivamente la victoria respecto a las elecciones del 28 de junio.

La reunión arrancó con la enumeración de las demandas que hicieron los representantes de las cuatro cámaras, a veces interrumpidos con pedidos de precisiones de Giorgi y de Eyras. Luego Fernández les trasmitió las medidas que ya había decidido tomar el Gobierno: apertura de la exportación de trigo, maíz y carne, reducción del encaje a un 30 por ciento en bodega de siete cortes especiales de carne y eliminación para la termoprocesada y menudencias, incentivo a la cría de novillos pesados y reducción del plazo para aprobar las exportaciones de hasta 5 días. Las cuatro medidas estaban incluidas en los pedidos de los ruralistas.

A partir de allí volvieron sobre el resto de los temas. Hubo tres planteos centrales de parte de los dirigentes de la Mesa de Enlace, dos que tuvieron guiños de resolución –o al menos de avances– por parte del Gobierno y una con pronóstico “no positivo”, como dijo Julio Cobos al votar en el Senado en aquella madrugada de euforia para los directivos agropecuarios. Uno de los planteos fue el desfinanciamiento de muchos productores. Boudou respondió que estaban en condiciones de bajar un poco las tasas del Banco Nación y ampliar la cantidad de productores con acceso a esos créditos. Otro pedido fue el de conocer los resultados del censo agropecuario realizado el año pasado y obtuvieron un sí del Gobierno. Y, por supuesto, la traba fue una vez más la baja de las retenciones.

Aníbal Fernández explicó lo obvio: que tomar esas medida generaría déficit fiscal, y que eso no sólo no le conviene al Gobierno sino tampoco a los exportadores. “Si ustedes me dicen a quien se lo sacamos para dárselos a ustedes lo podemos estudiar. Nosotros por ahora no lo vemos viable”, les dijo Fernández. El titular de Coninagro, Carlos Garetto, planteó si esa postura podía variar en caso de aumentar la producción y por lo tanto los volúmenes de exportación. “Bueno, en ese caso tendríamos un cuadro de situación más favorable”, le respondió el Jefe de Gabinete.

Más tarde, el presidente de la Federación Agraria, Eduardo Buzzi, diría que al escuchar la conferencia de prensa de los funcionarios le pareció que estuvieron en reuniones distintas, porque ante la prensa Giorgi dio un listado de números para concluir –cómo informó ayer Página/12– que el Estado volcó al campo 21.739 millones de pesos en los últimos 15 meses y porque Fernández dijo que no había margen para bajar las retenciones, cuando, según el ruralista, en la reunión les prometió estudiar el tema.

En el Gobierno explican que, efectivamente, en la reunión Giorgi no hizo el repaso de los números y que Fernández prometió analizar la baja de las retenciones sólo en un marco de crecimiento de la producción. Con ese cuadro de situación, el Gobierno coincide en un punto con los ruralistas: la pelea por las retenciones ahora se concentrará en el Congreso.