Mientras el secretario de Energía, Daniel Cameron, y el viceministro de Planificación, Roberto Baratta, defendían ante la Comisión de Energía del Senado el aumento de la tarifa de gas, el Movimiento de Usuarios Contra el Tarifazo, integrado por entidades de defensa al consumidor y partidos políticos de oposición se concentraron frente al Congreso para reclamar la anulación del decreto que habilita la suba, que según cifras oficiales afecta al 15 por ciento de los usuarios.

Desde las 15.30, los representantes de las asociaciones de consumidores comenzaron a concentrarse en la Plaza del Congreso, megáfonos en mano y carteles en alto para reclamar: “No al Tarifazo” y “Derogación de la 2067”, en referencia al decreto que establece los ajustes tarifarios del servicio de gas. Para acompañar a los consumidores presentes en la plaza “contra el aumento tarifario de hasta un 450 por ciento”, se hicieron presentes representantes de los partidos de izquierda, del ARI, la Coalición Cívica, Buenos Aires Por Todos y algunos legisladores radicales.

La convocatoria apuntó a impulsar el tratamiento de unos quince proyectos, vigentes en la Cámara de Diputados, para derogar los aumentos, que según el titular de la asociación de consumidores Deuco, Pedro Bussetti, “duermen en un despacho del Congreso porque la Comisión de Energía no sesionó en todo el año”.

Otro de los objetivos de la concentración fue que con la derogación del decreto, desde Enargas se pida a las prestadoras de servicio una refacturación y que se le reintegre a los usuarios, en forma de crédito, los importes abonados desde la implementación de los reajustes. “Esperamos que el Gobierno y los legisladores tomen conciencia de que la gente está disconforme y que no son sólo las personas de alto nivel adquisitivo las que están pagando el aumento. La manifestación de hoy (por ayer) es prueba de eso porque la mayor parte de la gente es de clase media baja”, advirtió Héctor Polino, titular de la asociación Consumidores Libres. Bussetti también destacó los 15 fallos que en distintas jurisdicciones de todo el país reconocieron los aumentos como una medida “inconstitucional”.