Mar 18.08.2009

EL PAíS • SUBNOTA

Derechos humanos o el quid de la cuestión

› Por Victoria Ginzberg

El jurado presentó a los candidatos a integrar la Cámara de Casación un caso vinculado con las violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura. Justamente, el tratamiento que Casación dio a estas causas fue varias veces objeto de controversias. De hecho, el tribunal tardó cuatro años en confirmar la reapertura de la causa sobre los crímenes cometidos en el centro clandestino de detención que funcionó en la Escuela de Mecánica de la Armada, e incluso demoró su decisión luego de que la Corte Suprema se expidiera a favor de que los represores de la última dictadura sean juzgados. Los organismos de derechos humanos pusieron en ese momento la lupa sobre el entonces presidente del tribunal, Alfredo Bisordi, que había llamado “delincuente terrorista” a una ex detenida desaparecida en un escrito. Página/12 informó que, además de ese caso, había cientos de expedientes vinculados con delitos de lesa humanidad paralizados en ese tribunal. El entonces presidente Néstor Kirchner criticó públicamente esta situación y Bisordi contestó diciendo que Kirchner era su “enemigo”, que buscaba “la suma del poder público” y que en cuarenta años (dictadura incluida) no había visto una “intromisión” similar en el Poder Judicial. Sus compañeros se cansaron de sus exabruptos, su alto perfil y sus ánimos de pelea. En septiembre de 2007, Bisordi renunció a la presidencia del tribunal porque el resto de los integrantes no consintió que su mujer y su sobrina fueran promovidas. Luego renunció a su cargo y dejó un juicio político pendiente. Reapareció en tribunales como defensor de represores, entre ellos el ex agente de inteligencia Juan Alberto Cirino y el comisario retirado Luis Abelardo Patti. Las otras dos vacantes a cubrir en Casación son fruto de las renuncias de Amelia Berraz de Vidal y Ana María Capolupo de Durañona y Vedia. La primera no estaba denunciada ante el Consejo de la Magistratura. Se había apartado de las causas vinculadas con violaciones a los derechos humanos por su amistad con un militar imputado. La segunda sí formaba parte del grupo de jueces cuestionados. Actualmente los subrogantes son cuatro, puesto que el juez Pedro David está de licencia porque fue designado como miembro del Tribunal Internacional de La Haya. David volvería el año próximo y, dicen en tribunales, espera encontrar una Cámara de Casación renovada.

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