A fines de mayo pasado, la Corte Suprema de Justicia confirmó que en la investigación del caso AMIA se cometieron gravísimas irregularidades, pero que, de todas maneras, habría que volver a valorar las pruebas recogidas en los primeros tiempos del expediente. Desde entonces –y ya han transcurrido dos meses– no se hizo absolutamente nada. El fallo de la Corte se envió a Casación y Casación no ha dicho ni hecho nada hasta el momento. En realidad, el máximo tribunal penal, la Casación, no tiene que ordenar ninguna medida. No hay que hacer allanamientos ni llamar a declarar a nadie. Toda la tarea consiste en interpretar el fallo de la Corte y resolver entre alguna de las alternativas:

- Mandarle el expediente al Tribunal Oral y ordenarle que dicte un nuevo fallo, ya que la Corte dijo que deben valorarse otra vez las pruebas que se obtuvieron al principio, en tiempos en que se investigaba esencialmente la camioneta bomba y a quien la proporcionó, Carlos Telleldín.

- Poner el caso otra vez en manos de la instrucción y quienes hoy están a cargo: el juez Rodolfo Canicoba Corral y el fiscal Alberto Nisman.

Lo concreto es que han pasado dos meses y en ese período la Casación no terminó de interpretar y no resolvió nada. Insisto: no hay que allanar, no hay que tomar declaración, hay que interpretar.

También en mayo, el fiscal Alberto Nisman pidió la captura de Samuel Salman El Reda, un colombiano–libanés a quien acusa de ser una especie de coordinador del ataque contra la AMIA. Teóricamente, El Reda está en El Líbano. Allí renovó por última vez su pasaporte colombiano. Sin embargo, hasta el día de ayer la Cancillería todavía no había recibido el pedido de extradición que le debe entregar la Justicia argentina y que la Cancillería tiene que transmitirle a El Líbano. Pasaron dos meses y no alcanzaron para hacer una traducción del pedido de captura que, según fuentes judiciales, tiene seis páginas.

En la causa por las irregularidades cometidas en la investigación del caso AMIA los imputados son el ex juez Juan José Galeano, los fiscales, los hombres de la SIDE y todos los que desviaron la pesquisa hacia una pista falsa, según afirmó tajantemente el Tribunal Oral. Ese expediente se inició en el año 2000, es decir que lleva más de nueve años. El juez Ariel Lijo trata de sortear todos los obstáculos que son fundamentalmente recusaciones, medidas planteadas por las partes y otras jugadas que han hecho interminable el proceso. Con algo de suerte y viento a favor, Lijo elevaría el expediente a juicio oral en los próximos dos meses y, ¡al fin!, se sortearía un tribunal para que haga el juicio. ¿Cuándo? La mayoría de los consultados por este diario creen que no será en 2010. Con suerte: 2011. Once años después de iniciada la causa y diecisiete después del atentado.

También las recusaciones demoraron más de ocho meses la decisión de Lijo sobre otro aspecto de las irregularidades, las que tienen que ver con la no investigación de Alberto Kanoore Edul. Todo indica que en septiembre Lijo procesará al comisario retirado Jorge Palacios por delitos que van desde la sustracción de prueba hasta el incumplimiento del deber de perseguir al delincuente. En este caso el tiempo parece no importar: Mauricio Macri ha dicho que aunque la Justicia procese a Palacios seguirá al frente de la Policía Metropolitana y que sólo revocará la designación del Fino en caso de que haya una condena. Uno de los argumentos contra Palacios es que le avisó a Kanoore que lo iban a allanar. Eso ocurrió el 1º de agosto de 1994, hace 17 años y 17 días.

En la jornada de hoy se leerá el fallo del caso Cromañón, una causa sin duda compleja, con muchísimos acusados y muchos querellantes. En algún sentido se parece a AMIA. Y, desde ya, debería parecerse mucho a la catástrofe ocurrida en Paraguay, en el centro de compras Ycuá Bolaños, donde murieron 396 personas. Nada menos.

La tragedia paraguaya ocurrió el 1º de agosto de 2004. Cromañón, el 30 de diciembre de 2004. O sea que hubo cuatro meses de diferencia. En Paraguay se hizo el juicio oral, la apelación a Casación y hace dos semanas la Corte Suprema resolvió condenar a los que consideró culpables por el delito de homicidio doloso por dolo eventual. En Cromañón recién hoy se pronunciará el Tribunal Oral, después vendrá la apelación a Casación y más tarde habrá un fallo de la Corte. Un pronóstico optimista hace prever que la resolución definitiva del máximo tribunal llegará dentro de tres años. Es decir que todo el proceso Cromañón habrá tardado el doble que en Paraguay, cuya Justicia seguramente no ranquea entre las más prestigiosas. En Estados Unidos, en Rhode Island, hubo una tragedia muy parecida a la de Cromañón. El boliche The Station se incendió en un espectáculo de rock y por obra de la pirotecnia usada en el recital. Los dueños de The Station fueron acusados por utilizar material inflamable y una cantidad de gravísimas irregularidades. Murieron exactamente cien personas y ocurrió el 10 de febrero de 2003. Las condenas, firmes, confirmadas por la Corte, se conocieron en junio de 2006. Tres años y cuatro meses después de ocurridos los hechos.

Los ejemplos demuestran que algo pasa en el proceso judicial argentino. Se ve en Cromañón, pero muchísimo más todavía en el caso AMIA. Los meses pasan sin acción alguna y los distintos expedientes se demoran inexplicablemente. Ayer, los familiares de las víctimas volvieron a reclamar por la designación de Palacios, no sólo por la causa judicial, sino también porque quien participó de las irregularidades y el fracaso de la pesquisa, quien habló amigablemente con un reducidor de autos, no tiene el perfil que corresponde a un jefe de policía. La respuesta, otra vez, fue que el Fino –que fue mano derecha del juez en la investigación del atentado– sólo será removido con una condena. En términos reales eso significa, tal vez, 2012 o 2013. Y no descarto el 2014, en el vigésimo aniversario del ataque contra la sede de Pasteur al 600.