Una norma precedida de una maratón de debates en todo el país, nutrida de una fundamentación inusual en estas pampas, propicia y merece un debate de calidad. La reacción de los grupos económicos afectados y sus voceros va a contramano: es estentórea y pobre argumentalmente. Las alusiones a Chávez se multiplican y engalanan con menciones a Hitler, Goebbels y Apold. Las hipérboles y la victimización (una pegatina de carteles se define como “agresión”) forman parte de una estrategia que subestima el intercambio democrático.

A pesar de todo, la discusión avanza. Dirigentes de variadas fuerzas se internan en el proyecto para tratarlo con minucia. El oficialismo va triunfando en ese sentido, pero la victoria provisoria le impone un cometido más complejo: construir una mayoría significativa en el Parlamento, que también permee el ágora. La ilusión de los más valiosos diputados del Frente para la Victoria (FpV) es plasmar una coalición ad hoc similar a la que votó la reestatización de Aerolíneas o la del sistema previsional. Con base en la fuerza propia y enriquecida por la presencia de partidos de centroizquierda, comprometidos históricamente con esas banderas pero no dispuestos a aprobar a libro cerrado la propuesta del oficialismo.

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Las alianzas no serán las mismas que cuando se aprobaron las facultades delegadas. El chubutense Mario Das Neves parece preanunciar un esquinazo al oficialismo. Otros compañeros harán lo mismo. No contender con el poder mediático es una clásica premisa de partidos y dirigentes que gobiernan o aspiran a hacerlo. El kirchnerismo no fue la excepción, hasta el año pasado.

La fuerza propia seguramente se limitará; los partidos de centroizquierda abren una ventana de oportunidad. El socialismo se aparta de la mayoría del Acuerdo Cívico y Social, alineado en el Frente del Rechazo. El partido de Hermes Binner es consistente con su trayectoria previa. La diputada electa Margarita Stolbizer (que también militó en pro de la reforma a la ley de Radiodifusión) marca elegante distancia con sus compañeros de ruta cívicos, cobistas o radicales stricto sensu.

Todos los potenciales aliados del oficialismo proponen mejoras a su proyecto. En una instancia de negociación nadie puede sincerar que algunas son negociables y otras no. En espejo, está el FpV que manifiesta voluntad de “abrirlo” (la propia Presidenta lo expresó ayer, habilitando el juego de sus operadores parlamentarios), pero tampoco dirá cuál es su máximo disponible.

Muchos aspectos se controvierten. La búsqueda de calidad institucional promueve que se agreguen otros temas, ajenos a la ley misma pero vinculados con la libertad de expresión.

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Claudio Lozano y Miguel Bonasso presentaron sendos proyectos de sus bloques unipersonales. El de Proyecto Sur se engrosará a partir del 10 de diciembre, cuando ingrese Fernando Solanas con otros dos diputados. Seguramente Bonasso y Lozano son los más refractarios a articular sus propuestas con la del FpV.

El conjunto de fuerzas de centroizquierda más amigable con el proyecto oficial está integrado por diputados del SI, de Proyecto Progresista y del Encuentro Popular y Social. Son los que votaron la prórroga de las facultades delegadas, tienen vocación de “apoyar la ley”, con cambios. Aquello de “elevar el techo” del kirchnerismo de que tanto habla Martín Sabbatella, que activa en ese sentido. Todos ellos reclaman hacer un combo o al menos priorizar en la agenda legislativa otras iniciativas: la ley de libre acceso a la información pública, la despenalización de los delitos de calumnias e injurias por temas de interés público para periodistas y la regulación sobre la asignación de pautas publicitarias oficiales”. Las dos primeras son ya clásicas demandas sobre la libertad de prensa y límites a la presión gubernamental. La tercera se conecta con reproches a la actual administración.

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En lo tocante al Sistema de Comunicación Audiovisual el principal ítem que desean cambiar es la integración de la autoridad de aplicación. Hay mociones para promover un ente autárquico o una presencia más acotada del Ejecutivo. No son sencillas de implementar, garantizando imparcialidad y capacidad de gestión, piensa este cronista. El discurrir de la polémica aclarará si el objetivo es accesible con otro esquema organizativo.

Las facultades de la comisión bicameral son, de cajón, otro aspecto en el que el centroizquierda quiere meter baza y ampliar incumbencias.

También proponen retoques al régimen de revisión técnica de las licencias. No es cierto, aunque mucho se ha dicho, que las licencias son revisables cada dos años: tienen vigencia por diez años, prorrogables. Sólo son revocables por causas graves, taxativamente especificadas. Pero sí existe una instancia bianual de revisión del espectro, el oficialismo la cree imprescindible para adecuarlo a las mutaciones determinadas por la evolución tecnológica. El punto es válido, varios legisladores del centroizquierda reclaman que se especifique con todas las letras en el proyecto. También se mociona que el plazo sea mayor, para restringir la discrecionalidad gubernamental. Si se llevara a cinco años ninguna revisión caería durante el mandato del gobierno que otorgó la licencia.

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El artículo 25 del proyecto, que faculta a las empresas de telecomunicaciones a ingresar al mercado audiovisual es, quizá, el más recusado por Lozano y Bonasso. Silvia Vázquez (radical K) se enroló en la misma posición. Sostienen que la franquicia contradice el espíritu antimonopólico de la norma y consagra una excepción indeseable a un criterio general estipulado en el artículo 23, que es vetar la participación de concesionarios de otros servicios públicos. El oficialismo alega que se les imponen límites razonables y que también los hay en normas previas (la de Industrias culturales, apodada “Ley Clarín” por los iniciados). Los antecedentes de las telefónicas, incluida Telecom (acaso la única que “calza” con los citados requerimientos legales), fuerzan a levantar la guardia. Para Lozano y Bonasso ése es un tema crucial, de no retorno. Otros legisladores de centroizquierda presumen factible legislar con más detalle las restricciones a las telefónicas en el mercado de las comunicaciones, sin vedar su acceso.

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La coyuntura desafía al oficialismo y a los enrolados en la necesidad de cambiar la ley. Aun los más permeables a un acuerdo exigen reformas. Sus objetivos son dobles: mejorar la propuesta, quedarse con parte del capital simbólico. El kirchnerismo, que sabe traccionar por vía de la opción binaria pero que es muy poco dúctil para sumar, deberá extremarse para ganarse los apoyos. Máxime si se piensa en el escenario ulterior al 10 de diciembre, más le vale aplicarse a aprender a conceder y compartir los réditos políticos, un arte que le es esquivo.

Los socialistas y las demás expresiones del centroizquierda, a su vez, deberán elegir (en cierta medida, en algún momento) entre priorizar el perfil propio o contribuir a un cambio político de fuste. En este tipo de pactos el más poderoso tiene que abrir más la mano, pero todos deben aportar su cuota.

La alternativa es resignarse a la perduración de una ley que concilia el autoritarismo dictatorial con la desaprensión privatista del menemismo. Para colmo, es vetusta de cara a una actividad que genera innovaciones casi cotidianas. Son inevitables las consecuencias de la falta de legislación y regulación aggiornadas: los poderes fácticos imponen su lógica. Lo que no está regimentado se rige por la lógica del mercado. En ese esquema no priman las mayorías ni los intereses democráticos, más vastos y complejos que el móvil de lucro. Y más estimables que el ansia de poder de las corporaciones, que también está en juego.

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