La despenalización de calumnias e injurias en casos de interés público culminará un largo proceso con muchos actores.

Que la presidente CFK lo haya anunciado ante las presidentes de la Comisión y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Luz Patricia Mejía y Cecilia Medina, refuerza su significación. Hace 30 años la Comisión visitó la Argentina, donde constató las masivas y sistemáticas violaciones a los derechos humanos por parte de la dictadura militar. Hoy el quinto gobierno consecutivo elegido por el voto popular rinde homenaje a los miembros de entonces en lo que fue un campo clandestino de concentración y le comunica una decisión sobre derechos humanos del presente, en cumplimiento de decisiones del Sistema Interamericano de Protección dictadas a iniciativa de organizaciones de la sociedad.

La cuestión comenzó en 1992, cuando la mayoría automática de la Corte Suprema de Justicia me condenó por desacato a uno de los miembros del tribunal. Para impedir que mi denuncia avanzara ante la Comisión, el gobierno del ex presidente Menem se comprometió a eliminar del Código Penal ese delito de resabios medievales. Pero en cuanto el Congreso lo hizo, Menem y otros funcionarios comenzaron a querellar a periodistas por calumnias e injurias, pese a que la CIDH había impugnado también ese instrumento cuando se trataba de funcionarios públicos, que debían quedar más y no menos expuestos que los particulares al escrutinio de sus actos. En 1999 llevé a la Comisión otros cuatro casos y en sus últimos días Menem volvió a comprometerse a modificar también esas figuras del Código Penal. Fernando de la Rúa ratificó ese compromiso y su ministro Ricardo Gil Lavedra me acompañó al Congreso para apoyarlo. El trámite se detuvo cuando Joaquín Morales Solá destapó el escándalo de las coimas en el Senado. También Adolfo Rodríguez Saa firmó el proyecto pero no llegó a impulsarlo porque su mandato duró apenas una semana. El presidente Néstor Kirchner prometió hacerlo, pero no cumplió. Desde hace un año no se trata de una opción voluntaria sino de un compromiso internacional, porque la Corte Interamericana ordenó al Estado Argentino que modificara los artículos del Código Penal sobre calumnias e injurias. Lo hizo en el caso de Eduardo Kimel, condenado por su investigación sobre el asesinato de los palotinos. El envío del proyecto se produce, además, en un momento oportuno. Garantizar que nadie pueda ser perseguido por lo que diga o escriba es una buena manera de acompañar la reforma de la ley de servicios audiovisuales, que no procura restringir sino ampliar la libre expresión de ideas y difusión de informaciones.

Varios partidos de la oposición han presentado iniciativas similares, por lo que nada debería dilatar una decisión que beneficiará a toda la sociedad. Este no es el proyecto de un partido, sino el que periodistas de todas las ideologías y organismos defensores de los derechos humanos reclamaron a lo largo de dos décadas. La coincidencia de objetivos debería permitir que el Congreso acordara una versión satisfactoria para todos. Debería incluir también una reforma del Código Civil para que no se perpetuaran por esa vía las intimidaciones contra los periodistas, como ocurrió en México.