EL PAíS • SUBNOTA › OPINIóN
› Por Mario Wainfeld
El anteproyecto de ley completo circuló durante meses, se trató en foros provinciales. La oposición más enconada no le prestó atención, convencida de que nunca llegaría al Congreso. Era una hipótesis verosímil, pero resultó errada.
El tratamiento en Diputados confrontó tácticas polares: los oficialistas queriendo apurar, sus adversarios buscando ralentar. Aquéllos quieren que el Congreso vote antes del 10 de diciembre, éstos aspiran a que no se vote. En ese juego, hubo triquiñuelas de las dos partes, la última fue la retirada del recinto de quienes se sabían perdedores.
La discusión de las semanas recientes brotó a borbotones pero fue productiva. El kirchnerismo supo atender a las propuestas y críticas del conjunto opositor, en especial las provenientes del centroizquierda, incluyendo al socialismo.
Los dos escollos principales quedaron claramente delineados: el ingreso de las telefónicas al mercado, la primacía del Ejecutivo en el órgano de aplicación. El primero era un punto clásico de la resistencia de las corporaciones multimediáticas, algo paradójico en su boca pero legítimo en el de dirigentes ideológicamente reformistas: la prevención antimonopólica.
El oficialismo incursionó en un arte que le es esquivo: escuchar, sumar, abrir el juego, rectificar. Lo que no plasmó en la larga lucha por las retenciones móviles, lo que sí muñequeó cuando se reestatizó el sistema jubilatorio. En lugar de reclamar derechos de autor sobre los 21 puntos que lo antecedieron y que desamparó con su política comunicacional durante años, dialogó, concedió, cambió.
Se ha hecho un tópico discutir si el kirchnerismo es progresista cien por cien, si no tiene pizca de esa sustancia, si es el único progresismo posible. Esa polémica trascenderá a lo sucedido ayer, que agregó un nuevo episodio a la polémica. Lo innegable es que el abanico de fuerzas progresistas con representación parlamentaria dio lustre a su propuesta. El sistema electoral argentino es generoso con la representación de las minorías, en Diputados. Mucho más, sin agotar la nómina, que el norteamericano, el inglés o el chileno. Por eso hay un conjunto de bloques de centroizquierda, cuya trayectoria respecto del kirchnerismo es ilustrativa acerca de los vaivenes del sector y del propio oficialismo. Ayer, su coincidencia fue abrumadora: no con el Gobierno, sino con el avance legal. No fueron arriados, ni cooptados, ni forzados a una decisión extrema, hija de la lógica binaria. Enriquecieron la norma, delinearon su impronta definitiva, participaron con voz propia en el recinto, sin resignar pertenencia ni espíritu crítico. La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual excede y antecede en su historia al kirchnerismo. El colectivo pluripartidario que ayer le dio el sí priorizó esa historia formidable al alineamiento automático.
Comprender las premisas del otro es un pilar de la acción democrática. En la Rosada o en Olivos soslayan a menudo ese saber. Agustín Rossi, jefe del bloque del Frente para la Victoria en Diputados, tiene hace rato un registro claro de las necesidades de potenciales aliados. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner, esta vez, abrió el juego retractando la cláusula más debatida.
La oposición no esperaba ese reflejo. Redujo la compleja trama de la ley a una teoría conspirativa que describía todo en función de los intereses de Telecom y de un contubernio con el Gobierno. La diputada Patricia Bullrich postuló que ésta era una ley con nombre propio. La ley quedó anónima y la narrativa opositora muy descolocada.
La variopinta mayoría dejó en la cuneta a quienes hablaban de “Ley K” o “Ley Telecom”. Claudio Lozano no es sospechoso de kirchnerista ni de lobbista. Nadie puede decir sin ruborizarse que Eduardo Macaluse o Carlos Raimundi son pichones de censores que promueven leyes mordaza. El socialismo de Hermes Binner tiene más laureles republicanos que muchos radicales y muchos peronistas que pusieron el grito en el cielo, a falta de razonamientos atendibles.
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El diálogo político, tan ensalzado y tan poco practicado, dista de ser una gimnasia discursiva en la que se encuentra inexorablemente un punto medio. El diálogo puro, sin negociación, es excepcional. La regla es la pugna de intereses, objeto de intercambios, acuerdos y transacciones. La competencia política también mete la cola, máxime entre quienes interpelan a un similar target electoral.
El oficialismo afrontaba un desafío complejo que era contener “por izquierda” a Claudio Lozano y tratar de incorporar a los socialistas más afines al panradicalismo. La clave estuvo, ya se dijo, las mejoras o concesiones, según prefiera cada intérprete.
Como se comentó reiteradamente en esta columna, el partido de Hermes Binner se diferenció desde el vamos de sus aliados del Acuerdo Cívico y Social en este tema. Importantes funcionarios del gobierno santafesino intervinieron en los Foros desahuciados por el sentido común boina blanca. El gobernador de Santa Fe fue, como acostumbra, cauto en sus declaraciones, contrastando con la verba inflamada de radicales, peronistas disidentes, gentes de PRO y “cívicos”. Rubén Giustiniani rehusó ir al pie de Julio Cobos cuando usó su despacho de vicepresidente para congregar la oposición a la ley.
Binner encontró el modo y el tono para ser fiel a su linaje y a sus principios. Fue consistente con la autonomía de su fuerza, frente al oficialismo y a los poderes fácticos. Lo frenaba un prurito común a todos los opositores: no quedar “pegado” al oficialismo, lo que (entienden) les resta prestigio. Y no ser entrampado en opciones-cerrojo, impuestas a libro cerrado. La flexibilidad del Gobierno le dio el espacio necesario.
Su interés, también se comentó en este diario, trasciende lo valorativo. Binner suele observar que ningún medio de difusión cubre informativamente toda su provincia. Es una de las más grandes, pero no tiene más de mil kilómetros de punta a punta. Esa incomunicación deriva de la estructura mediática centralizada actual en la que priman cadenas informativas que propalan desde la Capital, cubren todo el país y relegan hasta la insignificancia a los medios locales. Es difícil instalar radios provinciales o comunales viables, con el actual esquema concentrado.
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Fueron pocos días, es real. Pero hubo en ellos más sustancia que en muchas discusiones protocolares. Se corrigieron rápidamente puntos centrales cuestionados. Una coalición cultural amplia avaló al proyecto: las dos centrales de trabajadores, numerosos sindicatos ligados al espectáculo o a la información, las autoridades de universidades nacionales, cineastas de renombre, actores conocidos, ignotos comunicadores comunitarios.
Del otro lado, primó la endogamia: dirigentes políticos, periodistas de los medios con intereses afectados, lobistas y patrones que dieron rienda suelta a su idiosincrasia autoritaria. Muy contadas voces de académicos, laburantes o creadores los acompañaron.
La audiencia pública promovida por la oposición más enconada en Mendoza fue un ejemplo interesante. Fue fogoneada desde el Congreso nacional, sponsoreada por el grupo Vilas-Manzano pero la participación ciudadana desvió el curso previsto. Un alumno, el presidente de un centro de estudiantes, conmovió a los presentes hablando en nombre de sus compañeros. Un docente, Rodrigo Sepúlveda (también documentalista y periodista), llevó una ponencia titulada “Un debate contra la hipocresía”. Señaló que no está en juego una iniciativa trasnochada del gobierno sino una construcción de la sociedad civil. Los ciudadanos asistentes ovacionaron a quienes, se suponía, jugaban de visitante. Varios diputados nacionales que habían volado a Mendoza se mantuvieron callados y se retiraron mucho antes del final noctámbulo del encuentro. “El poder K manipuló el debate” denunció el diputado peronista disidente Daniel Cassia en la tapa del diario UNO el día siguiente. A algunos no les entra en la cabeza (o no les conviene aceptar) que esta movida supera los límites del kirchnerismo.
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El final de las AFJP logró 162 votos a favor contra 75. Muchos legisladores peronistas bancaron porque fondear el Estado nacional consulta los intereses de sus provincias. El centroizquierda, incluido el socialismo, también fue de la partida, porque se hacía realidad una bandera por la que venían luchando.
Hubo 136 votos para consagrar las facultades delegadas concedidas hace poco tiempo. El apoyo principal provino de los gobernadores peronistas.
Bien pasada la medianoche de ayer, el tablero marcó 147 votos, una marca muy alta tomando en cuenta esos precedentes, embellecida por el arco de apoyos progresistas.
Llega el turno del Senado donde casi todo se resuelve en tiempo suplementario o en definición por penales. En una noche de optimismo, los operadores del FpV calculaban estar más cerca de los 40 votos que de los 37 estrictamente necesarios si hay asistencia perfecta. Con márgenes estrechos y mucho lobby por delante, lo más sensato es hablar de final abierto. La diferencia conseguida en Diputados mejora las perspectivas. La pobreza de la alternativa, que es apenas quedarse afincado en el pasado, también ayuda.
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