El proyecto de presupuesto nacional 2010 ingresó al Congreso en puntas de pie, en medio del estrépito que acompaña a la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Muchos profetas anticiparon que con el adelanto electoral el Gobierno buscaba guarecerse de un estallido inexorable de la economía para mediados de año, no acontecido hasta el cierre de esta nota. Los presagios incluían despidos en masa, el default y un destino cuasi higiénico de los bonos de deuda pública.

Esos cálculos suponían una victoria estrecha del oficialismo en los comicios. Los perdió malamente. A pesar de todo, los vencimientos de 2009 se honraron. El dólar no se disparó, los bonos resultaron una inversión gozosa, hasta el riesgo país y la evasión de divisas bajaron. Con la aprobación de las facultades delegadas y el mantenimiento de las alícuotas de las retenciones, el Estado se asegura un flujo pasable de caja hasta marzo de 2010.

Los indicadores económico-sociales siguen siendo preocupantes, en especial para la mitad de los argentinos que no revistan en el sector formal de la economía, sea por ser retribuidos en distintos tonos de negro, sea por estar desocupados.

De modo impresionista podría decirse que la hecatombe no llegó ni tampoco una línea de salida para la pobreza, la desigualdad. Subsiste la ausencia de un modelo de desarrollo.

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El Presupuesto repite lineamientos de años anteriores, con más moderación en las metas y las predicciones. La mayor novedad introducida durante la gestión de Amado Boudou, más allá de su retórica, es de raíz ortodoxa: procurar reinsertar a la Argentina en los mercados internacionales de crédito. Las negociaciones con el Club de París y los escarceos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) rumbean con ese norte. El objetivo es que la Nación, las provincias y aun grandes empresas puedan tomar crédito a tasas menos exorbitantes, paliando una limitación a las perspectivas de salida de la crisis. En Economía y la Casa Rosada se coincide en que el FMI persiste en su esencia intervencionista y que sus eventuales créditos no automáticos vendrían aparejados con imposiciones odiosas en la economía doméstica. Destrabar la vinculación, lo que incluye en algún lugar del horizonte una reparación consistente del desquicio del Indec, busca más la credencial para capacitar en el mercado internacional de crédito que recibir los salvavidas de plomo del organismo, cuyas tasas son más piadosas. De ahí que muchos economistas de la oposición pregonen que esa alternativa sería mejor.

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Las peripecias de la ley de medios inducen a suponer que la aprobación del Presupuesto será muy ardua si no pactan acuerdos y modificaciones con las provincias. La prospectiva financiera de la mayoría es angustiante, es imaginable una coalición de gobernadores de variados signos partidarios para modificar las alícuotas de la ley del cheque. La coparticipación federal, una norma con rígidas exigencias de consenso que conspiran contra su aprobación, seguirá en veremos. Ningún mandatario cree de corazón que ese camino cuesta arriba conduzca a alguna parte, aunque la bandera deba enarbolarse en homenaje simbólico al federalismo.

Las reformas que propondrán las provincias rondarán, pues, un mejor reparto de fondos frescos y un alivio en la deuda financiera que las subordina a la Nación. Un oficialismo que, sin ellos, no tiene votos propios tendría que repetir la maña que lució en Diputados en estos días: conceder para sumar y mantener la gobernabilidad.

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El gobernador Daniel Scioli promovió una reforma impositiva cuyo núcleo es un aumento en el impuesto inmobiliario rural y en los gravámenes a los autos de valor superior a los 40.000 pesos. Una modificación en sustancia progresiva, que fue recibida con el mote de “impuestazo” y con diatribas brutales por las corporaciones agropecuarias.

Reformas semejantes son intentadas o están en carpeta en muchas otras provincias. En el último sexenio los inmuebles rurales crecieron significativamente sin correlación alguna con sus valuaciones fiscales. Un cálculo sencillo daría resultados asombrosos: cuánto creció el PBI, cuánto el precio de las propiedades, cuánto los tributos.

Muchos gobiernos provinciales tienen su cuota de responsabilidad en el desquicio. Fue usual la búsqueda de formas espurias de competitividad, que incluían alivios fiscales cuando no jubileos. “El campo” es un privilegiado receptor de exenciones, tasas irrisorias, amén de un gigantesco evasor de cargas sociales. El conflicto por las retenciones móviles, en el que muchos gobernadores acompañaron la rebeldía ruralista, incentivó la tendencia que se llamaría demagogia si se ejercitara con gentes más pobres. Quienes ganaron legitimidad en una brega limitando el pago de impuestos se autorrestringieron para exigir responsabilidad fiscal.

Ahora, cuando los números no cierran y el crecimiento galopante es un recuerdo, una actualización es imperiosa económicamente y muy peliaguda políticamente.

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Página/12 dialoga con varios gobernadores y con intendentes de ciudades importantes de las provincias más grandes. Ninguno da (ninguno, ay, tiene) cifras exactas sobre la pobreza pero nadie baja de un estimativo del treinta por ciento. También hay coincidencia en señalar que hubo un rebrote en, otra vez grosso modo, los dos últimos años. Las migraciones a centros urbanos, el crecimiento de nuevos barrios sin mayores expectativas es otra constante. El ampuloso Plan anunciado por la ministra de Desarrollo Social no da señales de vida, ni siquiera en sus modestas metas que no incluyen el trabajo asalariado decente.

Las previsiones del Presupuesto no incluyen una preasignación de los ingentes fondos necesarios para un extendido plan de ingresos a la niñez. Boudou lo desmereció en declaraciones realizadas a este diario no bien asumió, haciendo suya la narrativa que propalaron los organismos internacionales de crédito en los ’90 y que él seguramente mamó en el CEMA. La pareja presidencial y la ministra de Desarrollo Social son también muy reacios, con un discurso que exalta la superioridad del trabajo como mecanismo de inclusión social. Un criterio que nadie discute en términos valorativos abstractos pero que no pudo hacerse realidad en seis años de crecimiento chino. Cuando se aprobaron las facultades delegadas, el diputado Agustín Rossi hizo dos promesas: la entrada de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual al Congreso, que se cumplió. Y el comienzo del tratamiento y compatibilización de los proyectos de asignación universal a la niñez, del que no se tienen muchas noticias.