La mesa chica quedó diseminada en la aldea global, por razones operativas. Néstor Kirchner y Carlos Zaninni se apearon del viaje a Nueva York, para permanecer cerquita de la negociación sobre la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. El ex presidente para la operación política, el secretario legal y técnico para escrutar eventuales discusiones o modificaciones sobre el texto. La Presidenta dista de estar desconectada, en la Gran Manzana. Miguel Pichetto tiene celular rojo con Cristina Fernández de Kirchner, quien repasa con microscopio el poroteo y los vericuetos reglamentarios del Senado en los que es especialista. El titular del bloque del Frente para la Victoria (FpV) consulta todo: arrastra el karma de la derrota en la votación de las retenciones móviles y sus orejas aún arden por los reproches presidenciales previos al veto a la ley de Emergencia Agropecuaria. El oficialismo pone mucha libido en la ley, mientras en forma menos ostensible tira líneas respecto del Presupuesto nacional.

Los radicales, la Coalición Cívica y (seguramente) el peronismo disidente modificarán su táctica de Diputados. Reemplazarán la estridencia, la salida abrupta del recinto y las denuncias tiradas al voleo por una intervención sistémica. Nadie lo dirá, pero hay ingredientes de autocrítica en el cambio, las encuestas de opinión los dejaron muy mal parados. Claro que lo bello se une a lo útil: también priman consideraciones pragmáticas. La principal es que aspiran a introducir reformas, que acaso ya estarían plasmadas si sus correligionarios diputados hubieran ahorrado la sobreactuación.

La segunda, menos factible pero más excitante, es quebrar la mayoría que hasta ahora consigue el FpV.

En última instancia, maquinan, en tres años la taba puede darse vuelta a favor de un gobierno más amigable con las corporaciones.

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Ya que de eso hablamos, Carlos Reutemann traspapeló la aureola de Gran esperanza blanca que lo embellecía el 29 de junio. Por suerte cambió de profesión: mete miedo imaginar qué le hubiera pasado con tantos errores no forzados en su etapa de competidor de Fórmula 1. Julio Cobos, que lo desplaza en el imaginario del establishment empresario, afronta en estas horas una paradoja, consecuencia del peculiar esquema republicano doméstico: ser presidente interino limita su activismo opositor.

Por añadidura, se ha mantenido chito y poco visible. Seguramente reparará esa pasividad en los medios del Grupo Clarín y el Grupo Uno, que lo tienen como paladín. Como es proverbial en estos casos, quizá también incursione en algún maratón, para ganar cámaras de tevé adictas y mechar comentarios de actualidad. Acaso lo acompañe su reciente incorporación, la diputada Cynthia Hotton, cristiana fundamentalista ella. Run, Cleto, run.

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El Senado, conservador por esencia, alberga muchos más emergentes de los partidos tradicionales que Diputados. Unos cuantos son taitas mediáticos en sus territorios, el caso del jujeño Guillermo Jenefes es el más conspicuo, pero no el único. Jenefes revista en el FpV y, cabe suponer, ahí tiene su corazón. La billetera (su interés propio) lo vincula a los medios dominantes. El filósofo epicúreo Jacobo Winograd dio por saldado in eternum el conflicto entre la billetera y el galán, habrá oportunidad para someter a falsación su doctrina. Los lobbistas pueden ser legisladores, nada lo impide ni restringe su competencia en asuntos que pueden favorecer o perjudicar su patrimonio. La ley no fija incompatibilidades, quizá sería interesante limitar sus incumbencias en reglamentaciones futuras. Queda feo que un gerente, titular o lobbista de medios tenga un sitial estratégico para incidir en una norma que concierne a su patrimonio personal. Así opina el cronista, máxime en un contexto tan demandante de calidad institucional. Desde luego, ante la latencia del conflicto de intereses (y a falta de restricción legal) podría surgir la delicadeza de excusarse, pero esas conductas no están de moda.

Vale agregar que el FpV encuentra en su pecado de convocar lobbistas a sus filas una penitencia que padeció con el aceitoso senador cordobés Roberto Urquía cuando se trató la Resolución 125. Puede que esta vez le resulte menos costosa.

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La principal moción de cambio en senadores es el plazo de la “cláusula de desinversión”. La oposición que quiere el rechazo de la ley, el socialismo y algunos oficialistas quieren ampliar de uno a tres años el lapso otorgado a las concesionarias para desprenderse de las frecuencias que excedan el nuevo máximo legal.

La reforma no alteraría un núcleo cualitativo: se varían las condiciones preexistentes, lo que (para sus beneficiarios) constituye una violación de derechos adquiridos. Quien detenta una potestad por diez años se considera despojado si esa cifra es un año, también si fuera tres. Cualitativamente, es lo mismo. Pero un término más largo, opinan ciertos dirigentes que apoyan la medida, limitaría el peso de un argumento corporativo: el de la transferencia forzada a precio vil. Los Tribunales tendrían menos argumentos para decretar la inconstitucionalidad, que en nuestro derecho se resuelve considerando las circunstancias peculiares de cada caso. Las inconstitucionalidades son de interpretación restrictiva, su virtualidad aminoraría si se minimiza el potencial (y, por cierto controvertible) perjuicio material.

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Según estipula el artículo 81 de la Constitución, si un proyecto aprobado por una Cámara es “adicionado o enmendado” por la Cámara revisora, debe volver a la de origen, en este caso a Diputados. Debe consignarse si las modificaciones fueron votadas por mayoría simple de los miembros presentes o por los dos tercios. La Cámara de origen podrá insistir en el texto original, con una mayoría de igual porte. No puede ampliar el debate a otros puntos ni tampoco desechar totalmente el proyecto. El conjunto de bloques de centroizquierda que aprobó en general la ley cuestionó la cláusula de desinversión. Así las cosas, el escenario más factible, si hay reformas en Senadores, es que éstas prevalezcan en el texto de la ley.

Quizás hasta sería funcional al oficialismo evitar polémicas dilatorias para conseguir la aprobación de la ley, manteniendo su núcleo progresivo y antimonopólico.

Si todo esto sucediera y el debate en el Senado fuera menos fragoroso, se redondearía un trámite interesante. Comprendería cambios importantes dinamizados por la oposición de centroizquierda y la de centroderecha.

El horizonte alternativo realmente existente, la perduración del oprobioso ancien régime por un largo tiempo, es sobrado aliciente para motivar a los senadores que, de buena fe, aún tuvieran dudas. Si los hay, claro.

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