Ningún funcionario del gobierno porteño dio hasta ahora una explicación detallada y satisfactoria para la Justicia sobre qué hacía el abogado y policía Ciro Gerardo James en el Ministerio de Educación de la ciudad, donde estaba contratado desde el año pasado. Ayer declaró como testigo Roxana Barroso, la jefa de gabinete de esa cartera, a quien James reportaba, y dijo que era un simple asesor en temas legales, aunque no firmaba dictámenes ni documentos de ese tipo, sino que daba sus recomendaciones de manera “informal”. El testimonio multiplicó entre los investigadores las sospechas de que los contratos esconderían otro tipo de servicios, presuntamente de espionaje.

Barroso dijo conocer perfectamente a James y contó que se comunicaba con él con cierta asiduidad, algo que –se anticipó– podrán advertir en el juzgado si analizan sus llamados y sus correos electrónicos, relataron a Página/12 allegados al expediente. El abogado, contó ella, había llegado a Educación por una especie de convenio o acuerdo con la Universidad de La Matanza, por el cual habían ingresado otras personas. La funcionaria dijo que no tenía ni la menor idea de que, además, era policía. No cumplía horario, explicó, sino que era convocado ante consultas puntuales. Los temas en los que se le solía pedir intervención, dijo, eran expedientes sobre “licencias, justificación de ausencias y normativa de la ley de empleo público”.

Los elementos que provocan grandes dudas en el juzgado son los siguientes:

- Barroso dijo que no existen informes escritos de James, algo más que extraño para alguien que revista como asesor en temas puntuales.

- Tampoco aportó documentos ni correos electrónicos en los que el supuesto asesor daba su opinión en alguna materia.

- En el juzgado le preguntaron si la cartera no tenía un área de asuntos legales, lo que convertiría en sobreabundante la tarea de James. Barroso dijo que sí, que existe el departamento de Legales, pero que las observaciones de James eran una suerte de reaseguro en determinados temas. En concreto, el juzgado encontró en la vivienda de James dos contratos, uno cercano a los 60 mil pesos, correspondiente a 2008, y otro para este año, por 72 mil. Ayer declaró también el titular de Auditoría del ministerio, Roberto Ayub, quien se despegó de James y dijo que si bien en un comienzo lo habían destinado a su área rápidamente pasó al “área ministro”. Barroso coincidió con esa versión: Ayub, explicó la mujer, ya había conformado su equipo y no lo quería con él.

La funcionaria dijo que James dejó el ministerio a principios de octubre cuando estaba por ser incorporado a la Policía Metropolitana. “Estaba contento porque lo habían convocado”, dijo. Esto ratifica que el Fino Palacios lo estaba por hacer entrar, algo que fue negado en los primeros días en que se conoció el escándalo.

Los docentes porteños de UTE se movilizaron ayer a la Legislatura para reclamar la renuncia del ministro de Educación porteño, Mariano Narodowski, y del titular de Seguridad, Guillermo Montenegro (ver aparte). La sospecha es que los contratos y los pagos no eran a cambio de ninguna tarea de auditoría ni asesoramiento, sino que tapaban la verdadera actividad de James: el espionaje.