El rey de la efedrina, el joven empresario Mario Segovia, irá a juicio oral por ser el proveedor de casi 300 kilos de esa sustancia, ocultos en bolsas de azúcar que fueron decomisadas en México. Y no será el único. Junto a él irán dos empleados aduaneros, un despachante y varios comerciantes, quienes facilitaron la logística del envío de efedrina, químico utilizado para producir metanfetamina. Segovia permanece detenido en el penal de Ezeiza, desde donde se sospecha que sigue manejando el negocio. Su padre, su novia, su suegra, un cuñado, su abogado y el químico que lo asesoraría en sus compras fueron detenidos el martes pasado en el marco de otra causa, a cargo de Federico Faggionatto Márquez, el juez recién suspendido.

La decisión de elevar este caso a juicio oral fue tomada por el juez en lo Penal Económico Marcelo Aguinsky, quien contaría, según fuentes judiciales, con “múltiples indicios” que surgen de documentos hallados en poder de otros procesados y de las intervenciones y escuchas telefónicas realizadas por el magistrado. La efedrina en cuestión fue enviada a fines de 2007 a Naucalpan, México, donde la recibió la firma Mercadeo y Logística Comercial Pegasso. Allí, fue descubierta por la policía local. Para burlar el control aduanero, la efedrina y la pseudoefedrina habían sido acondicionadas en bolsas de nylon transparentes que simulaban contener azúcar marca M&K, despachadas hacia México camufladas entre otras bolsas que sí contenían azúcar.

Según el juez, la Sedronar, la secretaría encargada de autorizar la importación de efedrina para uso farmacéutico, “aportó las facturas por las cuales Segovia, bajo falsa identidad, compró más de cinco mil kilos de efedrina en el mercado interno entre los años 2007 y 2008”. Segovia consiguió la materia prima pegando su foto en el DNI de Héctor Germán Benítez, un recluso del penal de Sierra Chica. Tal como informa el Colegio de Farmacéuticos de la Nación, ingresan al país 30 mil kilos de efedrina con el aval de organismos oficiales, cuando se estima que se precisan sólo mil kilos para fabricar los medicamentos que incluyen la sustancia.

Por este motivo, para Aguinsky, todo hace presumir que “dichas adquisiciones se efectuaron con el evidente designio de comercializarlas en un mercado diferente al nacional y por una ruta no legal”. En este punto aparecen los supuestos socios del rey de la efedrina. Se trata de los empleados aduaneros José Luis Sicardo y Andrés Enricci, el despachante Maximiliano Iñurrutegui, los comerciantes Alberto y Darío Galvarini y Javier Gómez, quien de momento fue declarado “en rebeldía” –es decir que está prófugo–. También estaría involucrada la empresaria Alicia Colángelo, socia gerente de la firma Euromac, que actuó como exportadora de la mercadería.

“Segovia habría sido quien proveyó la efedrina y pseudoefedrina a Gómez y a los Galvarini”, dictaminó el juez. Estos últimos, según su reconstrucción, compraron “el azúcar” y facilitaron el lugar físico –depósito fiscal– para acondicionarla. Los Galvarini se habrían contactado con el despachante Iñurrutegui para ofrecerle el negocio y para que los acompañara una empresa, en este caso Euromac, que está en el Registro Nacional de Exportadores, condición necesaria para exportar.

Por otra parte, los aduaneros Enricci y Sicardo serían los que “brindaron a la maniobra el marco de legalidad necesario para asegurar la total impunidad de los involucrados”, dice la resolución judicial emitida por Aguinsky, para quien la efedrina secuestrada por las autoridades mexicanas “constituye de por sí un cuadro evidente de riesgo potencial para la salud de la población”.

Los implicados están acusados de “tenencia de estupefacientes para su comercialización”, agravada por la complicidad de funcionarios públicos, en algunos casos. Calificado por el actual jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, como “el mayor proveedor de efedrina a los carteles mexicanos”, Segovia habría conseguido importar entre 2006 y 2008 ocho toneladas de efedrina, a un costo de ocho millones de dólares. Exportarlas a México le habría valido un negocio de unos 30 millones.