Gracias a la recesión, la crisis generalizada del sistema eléctrico puede retrasarse, tal vez, hasta el año próximo. Por primera vez en la última década, hubo una caída en la demanda de energía, que en los ocho primeros meses del año fue del 4 por ciento. Esta mengua es, quizá, la principal explicación de por qué no hay apagones frecuentes, a pesar de que todas las empresas del sector limitaron al máximo el mantenimiento y, en el caso de la generación, abandonaron hace cuatro años los proyectos de equipamiento y expansión. El cuello de botella, sin embargo, está en el saturado sistema de transporte, cuya red se mantuvo casi igual, mientras el consumo de energía creció en forma constante hasta fines del 2001.
En 1992, cuando el sistema comenzó a desmembrarse para su privatización por unidades de negocio (generadoras, transportistas y distribuidoras), la demanda de energía crecía a razón del 5 por ciento anual, porcentaje que subió al 7 por ciento después del Tequila. Paulatinamente la curva se hizo menos pronunciada y el consumo comenzó a declinar, aunque en forma menos drástica que el Producto Bruto Interno. Aun en el 2001, con tres años de recesión a cuestas y crisis institucional mediante, la demanda de electricidad subió un 2 por ciento.
Sobre supuestos optimistas que se confirmaron hasta el año pasado, cada grupo adjudicatario proyectó su negocio y ejecutó las primeras inversiones, en algunos casos más generosas de las que se necesitaban en ese momento. Este es el caso de las usinas generadoras, que aprovecharon una sobreoferta de equipos que había en el mundo a mediados de los ‘90 para capitalizarse, pero sólo hasta que, en 1998, dejaron de hacerlo, desalentadas por un sistema de fijación de precios que abarata los costos de la electricidad pero hace menos atractivo su negocio.
Los distribuidores ampliaron la red y consiguieron alguna mejora en la prestación, pero luego de la devaluación y congelamiento tarifario, suspendieron cualquier expansión y restringieron al mínimo indispensable los gastos en mantenimiento.
Los transportistas, el eslabón intermedio de la cadena, son los únicos que no tienen obligación de engrosar el tendido de líneas, aunque sí la de mantener su buen estado para garantizar cierta calidad en el servicio. Por esta razón, y ante un Estado que tampoco invirtió en la ampliación de la red, la transmisión se transformó el punto sensible. Salvo el agregado de la cuarta línea del Comahue, en los últimos diez años el tendido permaneció igual, mientras la demanda de energía creció un 50 por ciento.
El problema es más grave aún si se tiene en cuenta que, al igual que en el caso de la generación, este tipo de inversiones no puede improvisarse y demanda bastante tiempo para ejecutarse. De esto se deriva que, en el supuesto caso de producirse un boom reactivador, éste tendría como contracara un posible colapso de la red de transporte.
Transener –sociedad de Pecom/Petrobrás con una firma británica– es responsable por el descargador de tensión que estalló el domingo y será multada por esa falla, cuyas razones técnicas están aún bajo investigación. Pero es posible que la penalización se extienda a las distribuidoras por su corresponsabilidad en la duración de los cortes, ya que éstas no habrían contratado “generación de reserva”. Se trata de un mecanismo de prevención por el cual algunas usinas que no están alimentando el sistema interconectado están listas para entrar en servicio inmediatamente ante una emergencia, paliando el efecto de un apagón.
La transportista, que se asumió públicamente como la única responsable por el defecto en la red que debe mantener, exige al Gobierno le autorice un aumento tarifario del 93 por ciento para recomponer ingresos en 104 millones de pesos anuales y afrontar el repago de la deuda en dólares por la que entró en default. Aunque grande, ese ajuste tiene escaso impacto en el precio final de la electricidad. Aun así, Economía sólo estaría dispuesta a admitir una suba de alrededor del 20 por ciento, más de lo que se autorizaría a las distribuidoras. Pero difícilmente esta brecha entre la demanda de Transener y la voluntad oficial explique el accidente del domingo, que se habría repetido en la misma subestación durante la madrugada del lunes. En todo caso, una tarifa insatisfactoria da a las empresas más argumentos para renegociar sus contratos sobre la base de poder prestar un servicio de menor calidad, acorde a la Argentina arrasada por la crisis y con un PBI reducido.