El juez federal Norberto Oyarbide le negó ayer la excarcelación a Jorge “Fino” Palacios no sólo porque considera que el policía que Mauricio Macri había designado al frente de la Policía Metropolitana puede entorpecer la pesquisa, sino porque ya lo hizo una vez, precisamente evitando que se conociera la verdad sobre la voladura de la AMIA. Po otra parte, el comisario Osvaldo Chamorro, expulsado esta semana de la jefatura de la policía macrista por espiar a legisladores de la oposición y al propio jefe de Gabinete porteño, Horacio Rodríguez Larreta, se presentó ayer en el juzgado de Oyarbide para ponerse –dijo– a disposición. Oyarbide analiza si le imputará o no algún delito. Lo que se sabe, hasta ahora, es que en una computadora que compartía en una oficina particular con Palacios había hecho pedidos de informes financieros a la firma Nosis sobre unas 400 personas –no sólo políticos sino también, por ejemplo, el director del diario La Nación, Bartolomé Mitre, y el asesinado Sebastián Forza– y también sobre empresas. Allegados a la causa explicaron que se evalúa si Chamorro, como jefe policial, hacía inteligencia interior, lo que sería delito. Rastrean, además, una eventual vinculación suya con las escuchas ilegales. Rodríguez Larreta mandó a sus abogados al juzgado: informó sus números de teléfono y pidió que se determine si lo estaban escuchando, algo que los investigadores harán. También facilitó sus casillas de correo electrónico.