EL PAíS • SUBNOTA
› Por Horacio Verbitsky
Si el gobierno nacional se decidiera a extraer a Martín Redrado del Banco Central mediante la fuerza pública, en cumplimiento del fallo de la Cámara Federal en lo Contencioso Administrativo que prolijó la medida cautelar de la jueza María Sarmiento, deberá tener en cuenta la capacidad de resistencia del cesante. La semana pasada se informó aquí sobre la contratación por al menos 14.000 pesos mensuales del ex Superintendente de Seguridad Metropolitana de la Policía Federal, comisario Alberto Carlos Capuchetti, el héroe en el desalojo de la República Democrática de Bruckman. Fuentes del Banco contaron que Redrado quiso designarlo a cargo de seguridad pero que debido a la oposición de la Comisión Interna sólo pudo nombrarlo como asesor. Además, contrató como “Coordinador de Equipo” al comisario Eduardo Ricardo Capuchetti, hermano, y al asistente Lucas Alberto Capuchetti, hijo. A partir de estas designaciones, varios directores comenzaron a ser vigilados y a un par de ellos les abrieron sus cajas fuertes dentro del Banco. Los Capuchettis podrían organizar también un grupo de tareas con la veintena de gerentes, subgerentes, síndicos y adscriptos que ingresaron sin concurso ni examen durante la gestión de Redrado y que manifestaron frente al Banco en su apoyo cuando la presidente lo removió del cargo. Entre ellos está su caddie personal, Luis Alfredo Núñez. Más difícil, por su edad, es que se sume a la resistencia el gerente general que Redrado designó al reasumir su cargo por orden de la jueza Sarmiento: Raúl Omar Planes, de 73 años, jefe del Departamento de Deuda Externa del Banco durante la dictadura militar.
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