En la madrugada del 5 de septiembre de 2008, veinte policías y una decena de civiles armados rompieron la puerta de un rancho campesino de la familia González, en el monte de Santiago del Estero. Rodearon a Santos Ramón González, lo golpearon con palos, puños, patadas y le dispararon con balas de goma en la pierna. Lo agarraron del cabello y lo arrastraron veinte metros. Le robaron dinero familiar, herramientas y una camioneta. Lo trasladaron a la comisaría de Quimilí, donde lo torturaron durante dos días, y luego fue llevado a Tribunales y posteriormente al penal de la capital santiagueña. Las torturas nunca se detuvieron. Recién luego de tres días de detención le permitieron hablar con su abogado, lo internaron diez días en el hospital y fue finalmente liberado, previa amenaza para que deje su campo. ¿El motivo del ensañamiento? La familia González se niega a dejar la tierra donde siempre vivió. Y productores rurales insisten en quedarse con ese campo y sembrar soja.

Es sólo uno de los casos descriptos en el informe de la Cátedra Unesco de la Universidad de Cataluña, que en el apartado sobre el modelo agropecuario –llamado “Conflicto étnico territorial; imposición de un modelo cultural y agroindustrial”– detalla que el 82 por ciento de los productores del país son familias campesinas, comunidades indígenas y trabajadores rurales que ocupan sólo el 13 por ciento de la tierra. En cambio, sólo el 4 por ciento de las llamadas explotaciones agropecuarias se ha adueñado de casi el 65 por ciento de la tierra utilizada para la producción. “Más de 200.000 familias fueron expulsadas a causa de la fiebre neoliberal de los noventa que las desplazó a los barrios marginales de las grandes ciudades. En los últimos 25 años la concentración de tierra en pocas manos agravó las profundas desigualdades sociales en el campo”, denuncia.

Córdoba es tomada como ejemplo de concentración de tierras. En los departamentos del norte provincial las explotaciones agropecuarias de más de 3000 hectáreas representan el once por ciento de los productores, pero cuentan con el 70 por ciento de la superficie. En tanto, los pequeños productores, el 89 por ciento, detentan solamente el 30 por ciento de la superficie.

Los desalojos, en su gran mayoría violentos, tienen relación con la situación precaria de la tenencia de la tierra. Según un relevamiento del Movimiento Campesino de Córdoba, el 60 por ciento de los campos del norte provincial carecen de títulos, a pesar de poseer la tierra por más de veinte años y estar protegidos por leyes nacionales. “La gravedad de la situación de la tenencia de la tierra, agudizada por la expansión de la frontera agrícola y la ausencia de una política reguladora de la titularidad de la tenencia de la tierra, se observa el abandono y el hostigamiento por parte del Poder Judicial”, advierte la Cátedra Unesco y destaca que “las familias, al ser desalojadas, se quedan en el desamparo total y sin ninguna protección gubernamental”.

Santiago del Estero es un caso paradigmático del accionar judicial y policial: más de 300 campesinos están imputados por resistir el desalojo de las tierras donde vivieron por generaciones. Se trata de falsas imputaciones que acusan a los campesinos de usurpación de propiedad privada, amenazas, resistencia a la autoridad, desobediencia judicial, daños y hurto forestal. Todos “delitos” cometidos en sus propias tierras ancestrales. “Las comunidades nucleadas en el Movimiento Campesino de Santiago del Estero-Vía Campesina padecen una sistemática persecución”, afirma la investigación y asegura que el avance sobre los antiguos pobladores se da con la “complicidad de gran parte del Sistema Judicial, que hace imposible impartir justicia objetivamente”.

Mendoza está lejos de ser una región de ríos caudalosos y lagos extensos que conocen los turistas. Sólo el tres por ciento de la superficie provincial cuenta con acceso suficiente de agua para desarrollar la agricultura. Con el agravante de que el 50 por ciento de esa superficie con riego está abandonada y es improductiva. Los agricultores que no poseen tierras se ven obligados a alquilar para producir, pagando al propietario con porcentajes de hasta el 50 por ciento de la producción, y los obreros rurales se ven forzados a trabajar en las tierras de los grandes propietarios en condiciones precarias.

Un apartado especial se lleva la situación de los pueblos indígenas en Argentina. Celebra que el país cuenta con un amplio marco jurídico que reconoce los derechos de los pueblos originarios, pero evalúa la situación como “grave” por la usurpación de tierras y recursos naturales que padecen.

“Las élites del agro lo promocionan como un modelo de producción muy desarrollado y eficiente. Sin embargo, genera gran contaminación del medio ambiente, alta degradación de los suelos, alta dependencia externa por los insumos, y una gran deuda social. La producción de alimentos para los argentinos queda relegada y se prioriza la exportación, generando una escasa distribución de los ingresos”, asegura la Cátedra Unesco y advierte: “Este modelo supone una de las más importantes causas del hambre en el país y una gran hipoteca hacia el futuro, ya que va terminando con bosques, aguas subterráneas y suelos”. Y concluye: “La situación de los derechos humanos en el Noroeste argentino y las provincias de Córdoba y Mendoza es extremadamente crítica”.