Por decisión del Tribunal Oral Penal de Tucumán, se resguardará la integridad de las víctimas y sus familiares que declaren frente a los represores en la megacausa Jefatura de Policía.

La medida se dio a conocer ayer por la mañana luego de la publicación en Página/12 del pasado sábado en la que la agrupación Hijos denunció que los represores podían interpelar a los testigos.

El Tribunal resolvió que “en lo sucesivo los imputados reconduzcan las preguntas a los testigos a través de los abogados defensores en el carácter de legítimos representantes tutelares de los acusados”, y que “en cuanto reconoce a los imputados la posibilidad de efectuar las declaraciones que consideren oportunas siempre que se refieran a su defensa, podrán realizarse una vez que se retiren de la sala de audiencia los testigos que prestaron declaración en tal carácter, en tanto de ese modo se equilibran los derechos que se reconocen a las partes en los procesos penales”.

La decisión de los magistrados se sustenta según lo expuesto en tratados internacionales, y en “que por las características del presente juicio se torna necesario efectuar una interpretación armonizante del derecho de defensa y del derecho de las presuntas víctimas por hechos que configurarían delitos de lesa humanidad, en tanto se trata de una tarea inherente a la labor de todo tribunal de justicia”.

La protesta de Hijos surgió a raíz del interrogatorio que los represores les realizaron primero a dos testigos expertos, Marta Mántaras y Horacio Ballester, y luego directamente a una de las víctimas. Esa situación provocó la queja de los querellantes ante “la evidente revictimización” de los testigos.