“Ningún partido está perdido mientras se siga jugando”, predica un operador parlamentario oficialista, hablando del tratamiento parlamentario del decreto de necesidad y urgencia (DNU) que creó el Fondo del Bicentenario. Así será, pero hay algunos en los que el score parece irrevocable y éste es uno de ellos. El Fondo (Fobi) sobreviviría con la aprobación de una sola Cámara pero en Diputados el rechazo agolpa una mayoría holgada y en el Senado, aunque el juego es más parejo, el peronista itinerante Carlos Verna bajó su decisivo pulgar.

Dos meses se enredó el oficialismo en este tema, que pintaba para ser un lubricante para la reapertura del canje de deuda y devino un gol en contra. La primera intención de los bloques del Frente para la Victoria (FpV) es prolongar el partido o, por ser más explícitos, demorar el tratamiento en las cámaras. El objetivo, de corto plazo, es mantener en vilo el tema, seguir negociando o, quién sabe, diferir la derrota unos días.

Entre tanto, en la Casa Rosada y en el Congreso se barajan alternativas, que (al sólo efecto lúdico) podríamos bautizar “plan B” y “plan Beta”. Ambos están en germen, no son excluyentes, podrían acumularse o mestizarse.

El Plan B consiste en armar un Fondo similar, con otro nombre, en base a recursos disponibles. Uno de ellos son las utilidades del Banco Central durante 2009 que sí se pueden remesar al Tesoro nacional. Se trata de alrededor de 23.000 millones de pesos, cifra que no está tan lejos de los 6569 millones del Fobi. A ese montante cabría sumar, aunque de hecho ya son accesibles, los alrededor de 2100 millones de dólares necesarios para pagar deuda a los organismos internacionales de crédito. La ley que admitió el desendeudamiento con el Fondo Monetario Internacional lo permite. Por otro lado, el kirchnerismo (ducho en ingenierías financieras) explora rascar el fondo de la lata en el Banco Nación o la Anses. El plan B, comentan los confidentes de Palacio, es el más cercano al corazón del ex presidente Néstor Kirchner.

El plan Beta, admitido como un remedio necesario y plausible por el ala negociadora del Gobierno, es volver al Congreso pero por la vía de una ley. Los que alientan esta salida destacan que muchos legisladores opositores objetaron la vía legal elegida y no tanto el instrumento. Verna, por ejemplo, fue enfático al efecto, tanto que está volanteando un proyecto de ley para constituir un Fondo del Bicentenario en otras condiciones. Estas serían, entre otras, la restricción de su importe y la coparticipación de parte de éste a las provincias. El senador santacruceño del FpV Nicolás Fernández, que no es precisamente un francotirador, admitió que esa propuesta tenía puntos admisibles y podría estudiarse. Claro que, aun las espadas oficialistas más negociadoras juzgan inadmisible el porcentaje que el proyecto Verna derivaría a las provincias. Pero se atajan: “Si es cuestión de números, siempre se puede hablar”.

“Hablar” es bien peliagudo en un Congreso atravesado por suspicacias, antagonismos crecientes y malas ondas. Pero París bien vale una misa.

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En la oposición proliferan proyectos de distinto jaez. Proyecto Sur propone la formación de un fondo productivo, hipótesis simpática para cierto sector del oficialismo, pero percibida como poco seria en Economía y en el Banco Central. “El desarrollo interno, con inversiones en pesos, debe financiarse con pesos. Los dólares deben destinarse a cubrir la deuda en dólares” explican.

Graciela Camaño, peronista federal, tiene otro proyecto, redactado por el economista Jorge Sarghini.

Los gobernadores, en su mayoría, mirarían con cariño cualquier ley que acrecentara la coparticipación, pero es un dato que su sólo aval no basta para sumar los votos parlamentarios que le faltan al oficialismo.

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Un reclamo del arco opositor es que cualquier sucedáneo ponga un techo al capital del Fondo, se llame como se llame. El DNU tiene, en ese rubro, una redacción ambigua e imperfecta que el Grupo A juzga capcioso. Se determina la cifra pero se habla de poder valerse de las reservas de “libre disponibilidad”. Esa expresión, de estricta validez en un régimen de convertibilidad monetaria, es impropia en la actualidad y, tomada al pie de la letra, facultaría al Estado a tomar más del triple de la cantidad en cuestión. Economistas de variadas banderías (incluyendo algunos afines al Gobierno, sotto voce) juzgan riesgosa esa perspectiva. Las reservas del Banco Central concuerdan aún ciertos heterodoxos, no sólo deben respaldar la “base monetaria”. También deben persistir para garantizar el encaje de los bancos, y tener un colchoncito para atender corridas del dólar, tan frecuentes en la economía doméstica. Los más ortodoxos ponen más cortapisas.

En paralelo, el cronista habló con varios economistas que son o fueron altas autoridades del Central y no se enrolan en el kirchnerismo. Todos admitieron que valerse de alrededor de 6600 millones de dólares puede ser sensato, cuando las reservas son generosas y faltan fondos públicos para afrontar con holgura la deuda, lo que forzaría a tomarlos en el mercado de crédito a tasas exorbitantes. No lo comentan a los gritos, ni frente a micrófonos, pero lo reconocen.

Más allá de la vulgata institucionalista que fetichiza al Banco Central y por ende a sus reservas, el Fondo no parece tan indigerible, más lo fue la operación política que le imprimió el Gobierno.

La historia continuará, con final más abierto que el del partido del DNU y con una certeza: el oficialismo puede (si no queda otra) digerir la derrota pero no la inmovilidad.