La presidenta Cristina Kirchner le agradeció a la secretaria de Estado Hillary Clinton la desclasificación de documentos de la última dictadura militar. Cristina recordó ese gesto poco más tarde durante la conferencia de prensa que compartieron en la Casa Rosada. La Secretaría de Derechos Humanos también ponderó la iniciativa, que en este momento está en el Parlamento norteamericano a la espera de la aprobación. Se trata de la segunda desclasificación de los archivos del terrorismo de Estado.

De acuerdo con los datos de la Secretaría de Derechos Humanos, la medida busca esclarecer el destino de los hijos de desaparecidos nacidos en cautiverio. Tal como expresara el embajador argentino en Estados Unidos, Héctor Timerman, la enmienda “es una herramienta muy importante en la búsqueda de la verdad de lo sucedido en la Argentina durante el período de la última dictadura militar”.

El impulsor de la iniciativa es el legislador norteamericano Maurice Hinchey. Y fue quien recordó la estrecha relación de su país con sus pares argentinos en la inteligencia, la seguridad y la comunidad militar y sostuvo que es probable que las agencias de Inteligencia norteamericanas tengan información de importante valor para apoyar las investigaciones judiciales en curso y la búsqueda de los hijos de los desaparecidos.

El proyecto establece que la Agencia Central de Inteligencia (CIA) informe a los Comités de Inteligencia de la Cámara baja y del Senado sobre cualquier dato que tengan sobre las violaciones de derechos humanos del gobierno militar de Argentina desde mediados de la década de 1970 hasta mediados de 1980, así como sobre el ascenso al poder de ese gobierno.

Y también instruye a la CIA a incluir una recopilación de documentos desclasificados, así como cualquier material clasificado que pueda existir. La decisión cuenta con el apoyo de la embajada argentina en Washington, el Archivo Nacional de Seguridad de la Universidad George Washington y varias organizaciones de derechos humanos. La medida reconoce un antecedente, en julio de 2008, cuando por decisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos se aprobó la apertura de archivos de los servicios norteamericanos para la búsqueda de hijos de desaparecidos.