La mayoría de las fuerzas políticas de izquierda caracteriza los episodios de diciembre pasado como una victoria popular, porque forzaron la renuncia del conservador ex presidente Fernando de la Rúa. Algunas de ellas consideran, además, que el país atraviesa ahora un estado pre revolucionario, proponen expulsar también al Senador Eduardo Duhalde y convocar a una asamblea constituyente que establezca un nuevo poder popular. Como en Estados Unidos ya gobiernan los soviets de campesinos y obreros y no quedan tareas revolucionarias pendientes, el sociólogo James Petras puede recluirse en su confortable casa de Boston para aconsejar a las fuerzas populares del Tercer Mundo cómo lograr lo mismo. Algo más radical que cuando era asesor del ex presidente griego Andreas Papandreu, Petras también ha denunciado el giro a la derecha de Luiz Inácio da Silva, Lula, aun antes de que asuma la presidencia del Brasil, e insta a confrontarlo con la movilización permanente que lo obligue a definirse.
Estos planteos simples y voluntaristas son funcionales a los más meditados y mejor respaldados de la inquietante Junta Interamericana de Defensa. En su Apreciación Estratégica de este año la JID, con sede en Washington y presidida por el general norteamericano Carl H. Freeman, veterano de Vietnam, describió la “aguda crisis económica y de gobernabilidad” que atravesaría la Argentina, donde habría un “grave problema de seguridad pública”, con “violencia urbana y enfrentamientos con las fuerzas del orden”. El ministro de Defensa Horacio Jaunarena y el jefe del Ejército, Ricardo Brinzoni, propician la aplicación de las Fuerzas Armadas al control de esa situación, que describen en términos similares. El ministro a cargo de la Seguridad se opuso en forma abierta a tales designios. Hasta el presente, Duhalde laudó en favor de Juan José Alvarez, pero la presión castrense no cesa. La V Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas que sesionó en Chile el mes pasado dejó en claro que el gobierno de George W. Bush impulsa ese avance.
Integran la Junta delegados militares de 22 de los 34 países miembros de la OEA, entre ellos Estados Unidos, Brasil, Argentina, Chile, Colombia, , México, y Venezuela. Tres días antes de los megaatentados del 9 de setiembre de 2001, su Consejo de Delegados aprobó un informe titulado “Hacia un Nuevo Sistema de Seguridad Hemisférica”, que anticipaba la confusión entre Defensa y Seguridad que se hizo evidente en la Declaración de Santiago firmada, entre otros, por Jaunarena y Donald Rumsfeld. Entre las denominadas Nuevas Amenazas describe en primer lugar al terrorismo, definido con excepcional amplitud. Sus motivaciones irían desde el “fundamentalismo religioso” hasta los “reclamos de determinados grupossociales que buscan la renovación de los gobiernos e inclusive el cambio de sistema”. Luego enumera las armas nucleares y de destrucción masiva, las drogas ilícitas, la degradación del medio ambiente, la corrupción, el HIV/Sida, la denominada “Violencia Ciudadana” que, junto con la criminalidad, “amenazan el orden público, social y político” y el crimen organizado internacional. El documento menciona también problemas y retos que sin constituir amenazas pueden ser fuente de conflictos: los primeros son la brecha tecnológica entre las naciones, las crisis económicas, y... la “Expansión de la Jurisdicción Universal”.
La versión oficial en español del documento redactado por los agregados militares en Washington señala como fuente de conflicto “la capacidad de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado por parte de magistrados de distintas nacionalidades respecto de imputados ciudadanos de diferentes países, con relación a hechos acaecidos en cualquier lugar y sin límite alguno de retroactividad”. Esto puede resultar lesivo de la “soberanía y jurisdicción que cada país posee en aplicación del derecho normativo interno que legítimamente ha elegido para regirse”. La justicia por los crímenes del pasado es la única materia en la que los uniformados se manifiestan adversos a la globalización.
Otros problemas mencionados son la presunta ausencia de políticas bien definidas de Defensa y Seguridad y de marco jurídico en operaciones multinacionales, el transporte de residuos nucleares, el aumento de la pobreza extrema, el creciente nacionalismo indígena y el desempleo. Frente a este cuadro, la JID ofreció aportes que recrean en toda la línea la vetusta Doctrina de la Seguridad Nacional, para la que todo constituye un desafío a la seguridad y para todo se prevé una respuesta militar: el monitoreo constante por las Fuerzas Armadas de los “factores condicionantes”, la generación de políticas de seguridad y defensa y la interoperatividad entre las Fuerzas Armadas y las de Seguridad, es decir aquello que las leyes argentinas sancionadas después de la dictadura militar con toda razón prohibieron.
En agosto de este año, el Estado Mayor Internacional de la JID difundió su Apreciación de la Situación Estratégica del Hemisferio. Los problemas generales que los generales señalan en América del Sur son la pobreza, las desigualdades sociales y el desarrollo desigual y los específicos “la inestabilidad política, el narcoterrorismo y los estallidos sociales”. En la subregión andina, afirman que la pobreza, el subdesarrollo, el terrorismo y el narcotráfico “conforman un componente altamente desestabilizador”. En términos específicos presentan “el conflicto generalizado que atraviesa Colombia”como “uno de los desafíos más difíciles en materia de defensa y seguridad”, ya que podría “extenderse a los países vecinos”. En el caso de Bolivia, mencionan con inquietud la alta votación en favor del representante de los campesinos cocaleros Evo Morales, cuyas demandas “son inadmisibles para el gobierno, comprometido en la erradicación de los cultivos de hojas de coca ilegales”. Venezuela merece pocas pero muy significativas líneas, como “uno de los más importantes proveedores de petróleo de los Estados Unidos, lo que le da especial importancia y valor estratégico en la política exterior de los Estados Unidos”. El encomio a la democracia muestra así sus límites, según sean los resultados.
El Mercosur es presentado como un factor de estabilidad política pero el párrafo dedicado a la Argentina es inquietante. “Viene atravesando por una aguda crisis económica y de gobernabilidad que ha generado a su vez un grave problema en cuanto a seguridad pública se refiere, con manifestaciones de violencia urbana y enfrentamientos con las fuerzas del orden”. La crisis económica argentina es citada como uno de los “focos de inestabilidad regional que podrían afectar a los Estados Unidos, por ejemplo a través de una fuerte inmigración y un aumento de la escalada deviolencia terrorista”. Las conclusiones del documento también siguen el esquema de la Doctrina de la Seguridad Nacional. Muchas de sus observaciones serán compartidas por quienes reclaman cambios profundos. Lo que no es admisible es que esos temas sean motivo de análisis y planificación de los Estados Mayores militares. En el campo económico América Latina es citada como “la región de mayor disparidad entre pobres y ricos” y la pobreza como una violación a los derechos humanos que desestabiliza las instituciones democráticas. Con excepción de Estados Unidos y Canadá los niveles de endeudamiento de los países del hemisferio son “impagables” y “afectan la gobernabilidad de los estados” porque distraen recursos “de los planes de desarrollo social y crecimiento económico, generando fuentes de desempleo, deterioro en los servicios de salud, carencia de viviendas dignas, caída del poder adquisitivo del salario, aumento de la pobreza y la marginalidad”. En el campo psicosocial, esta crisis produce otra de gobernabilidad. “La democracia se ve afectada por la insatisfacción generada por un masivo empobrecimiento colectivo, por la incapacidad manifiesta de resolver los problemas más elementales de la población” al mismo tiempo que los dirigentes políticos se desprestigian por su “falta de voluntad de combatir la corrupción”, todo lo cual conduce al “aumento generalizado de la corrupción, delincuencia, crimen organizado, guerrilla, terrorismo y narcotráfico”. En el campo militar, donde desemboca el gran embudo que es todo el documento, se denuncian como “factores desintegradores”, la “manipulación política sobre los asuntos de interés propiamente castrense, la acción sicológica de desprestigio permanente de organizaciones adversas a las Fuerzas Armadas, la falta de voluntad política para concretar un nuevo sistema de seguridad hemisférica”. Dentro de seis meses, la Conferencia Especial sobre Seguridad Hemisférica de la OEA que sesionará en México intentará dar el próximo paso hacia la remilitarización de la región. Facilitar los pretextos necesarios a esa decisión no parece lo más conveniente para los intereses populares.