La sala IV de la Cámara Nacional de Casación Penal, que preside Gustavo Hornos, separó de quince causas por crímenes de lesa humanidad que deberían haberse iniciado el jueves pasado en Mendoza al juez del Tribunal Oral Juan González Macías, uno de los pocos magistrados que ya en 1987 declararon nula la ley de obediencia debida y ordenaron el procesamiento de militares entonces en actividad.

La Cámara de Casación falló en una causa ajena a su competencia, en la que el Tribunal Oral integrado con subrogantes había rechazado la recusación a González Macías. Esta decisión estaba firme porque no fue apelada. Además los jueces de la Casación Penal afirmaron que en otra causa González Macías ya había intervenido contra uno de los procesados cuando integraba la Cámara Federal de Mendoza. Una mínima consulta al expediente demuestra que esa actuación no involucró a González Macías, sino a la otra sala del tribunal que entonces integraba. A raíz del apartamiento de González Macías, las defensas de los procesados solicitan la nulidad de todo lo actuado hasta ahora, con lo cual las investigaciones quedarían en nada.

Esta decisión basada sólo en la mentira tiende a perfeccionar la impunidad por los crímenes de la dictadura en la única provincia del país donde no hay un solo represor detenido, porque los actuales integrantes de la Cámara Federal les concedieron el arresto domiciliario o la libertad e incluso autorizaron a uno de ellos a dejar la provincia para pasar sus vacaciones junto al mar. Para cubrir la vacante de un renunciante, los camaristas eligieron al juez jubilado Enrique Sosa Arditti, cuyo hijo Daniel es el defensor de uno de los acusados en los crímenes que se investigan, el ex jefe de la policía mendocina Carlos Rico Tejeiro.

Esos camaristas actúan en defensa propia, porque su involucramiento con los dictadores a los que hoy protegen está bien documentado en expedientes judiciales, en algún caso por su propia palabra. Cuando se realizaron en Mendoza los juicios por la verdad el camarista Luis Francisco Miret dijo que era amigo íntimo del general Juan Pablo Saa, jefe máximo de la represión en Mendoza, y agregó que el militar dormía en su casa. Pese a ello no se excusó de intervenir y cuando los organismos de derechos humanos lo recusaron la misma Cámara Nacional de Casación Penal confirmó su intervención como integrante del tribunal. El fiscal general Jorge Auat hizo público que los camaristas obstruían el avance de los juicios y éstos recurrieron al Procurador General Esteban Righi, quien respaldó la tarea de Auat y a su vez inició una acción contra los magistrados. El otro hombre fuerte de la justicia federal mendocina es el camarista Otilio Romano, quien fue fiscal durante la dictadura, mientras Miret era juez de instrucción. El secretario de justicia, Héctor Masquelet, instruye en el Consejo de la Magistratura la denuncia en la que se solicitó el juicio político de ambos por su actuación de aquel entonces y en los juicios de la década del ’80. Los elementos de prueba permitirían también una acción penal en contra de Romano y Miret. En un expediente no se investigaron la privación ilegal de la libertad, las torturas y la violación a una adolescente. En otro, se utilizaron como prueba declaraciones obtenidas bajo tortura y se omitió investigar el robo de un vehículo y de mobiliario de las víctimas. Romano sostuvo que una tercera causa debía archivarse porque dado el tiempo transcurrido no podían comprobarse las torturas, por más que habían sido constatadas en la Penitenciaría Provincial y formaban parte del expediente. Miret también ordenó archivar la causa por la sustracción de un menor, pese a que las leyes de impunidad no perdonaban ese delito.

La situación judicial en Mendoza es la peor de todo el país, lo cual no es poco decir. Esto se debe al asesor presidencial vitalicio Juan Carlos Mazzón, un operador tan hábil que basta verlo caminar para entender qué generoso es su alias de Chueco. Mazzón fue dirigente de la organización Guardia de Hierro, que durante la dictadura se subordinó ex almirante Emilio Massera, quien le designó un interventor. Su principal discípulo fue José Luis Manzano. A Mazzón se debe la elección como juez federal de Walter Bento, quien fragmentó y dilató todas las investigaciones en causas de lesa humanidad y la postergación del nombramiento como fiscal de Dante Vega, que cuenta con el respaldo de los organismos de derechos humanos, y cuyo pliego fue retirado cuando ya estaba a punto de tratarse en el Senado. En los últimos meses, Mazzón intenta promover como juez federal al secretario de Bento, Marcelo Garnica, quien obtuvo el sexto lugar en el concurso, en contra del candidato que respaldan los organismos, Jorge Calle. Miret y Romano son los camaristas que tienen en apelación el fallo de la jueza Olga Pura Arrabal, entenada del grupo Vilas-Manzano, que suspendió la vigencia de la ley de servicios audiovisuales. Los organismos defensores de los derechos humanos afirman tener elementos para pensar que Mazzón está negociando ahora el archivo de la denuncia contra Romano y Miret por su complicidad con la dictadura, a cambio de que revoquen el fallo de Pura Arrabal.