La audiencia solicitada a la Presidenta de la Nación por parte de la Conferencia Episcopal Argentina remite a un abanico de estrategias subyacentes. Más allá de la entrega formal de un documento, a través de esta iniciativa, los obispos han buscado recuperar la centralidad en la escena pública y mediática.

Históricamente, la Iglesia Católica ha ocupado un rol protagónico en la trama política e institucional de nuestro país y en vastas oportunidades se ha constituido como una de las principales fuentes de legitimidad de los procesos políticos. Asimismo, su papel de mediación ante conflictos sociales, políticos e incluso diplomáticos ha sido sostenido a lo largo de los años. Por otro lado, su influencia sobre determinadas áreas de gobierno –planificación familiar y sexual, educación, asistencia social– es reflejo de un modus operandi en el que la misión pastoral lejos ha estado de recluirse en el ámbito de la sacristía y en el plano espiritual. La institución eclesiástica ha desplegado múltiples acciones para sedimentar vínculos estrechos con la dirigencia política, sin distinción de pertenencias y afiliaciones, a los fines de “naturalizar” su incursión en la arena política y constituirse como un actor de referencia obligada a la hora de definir políticas estatales.

Ahora bien, desde la presidencia de Néstor Kirchner, la jerarquía católica se ha sentido desplazada como interlocutora privilegiada para la toma de decisiones. La orientación de determinadas políticas públicas se fundamentó en la inclusión de nuevos derechos ciudadanos –principalmente–, bajo la gestión de Ginés González García en el Ministerio de Salud de la Nación. La ligadura de trompas y vasectomía como prácticas quirúrgicas de anticoncepción sin necesidad de una autorización judicial; la ratificación del Protocolo Facultativo de la Convención para la Eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer (Cedaw); las leyes de salud reproductiva y educación sexual, así como la asignación universal por hijo, constituyen algunos de los ejemplos más evidentes.

En los intersticios de los actuales conflictos que se suscitan al interior del sistema político, la conducción de la Iglesia busca reposicionarse e instituirse junto al Poder Judicial como reserva moral y árbitro de los comportamientos de la propia clase política. A la estrategia de recuperar protagonismo, se adosa su invariable disposición para que los programas educativos y de planificación familiar y sexual se correspondan con su ideario doctrinario.

En momentos en que asoman en el Parlamento proyectos que contemplan la ampliación de derechos ciudadanos en materia de género, familia y salud sexual y reproductiva, se plantea el interrogante sobre la definición de los legisladores y las legisladoras. La fidelidad a sus conciencias, la permeabilidad a las peticiones de la Iglesia Católica y de otros grupos religiosos, y el reconocimiento y la valoración de una sociedad más plural que supone una normativa que dé cuenta de esa diversidad son factores que entrarán a tallar en las votaciones de los miembros del Congreso del Bicentenario.

* Doctor en Sociología. Profesor de la UBA. Investigador del Conicet.