El proyecto es el resultado de una “construcción colectiva”, destacó Estela Díaz, de la Campaña por el Derecho al Aborto. Fue consensuado entre 250 organizaciones, en un proceso de discusión que llevó dos años y con la consulta de especialistas de distintos campos. Ayer confirmó la iniciativa el presidente de la Asociación de Abogados de Buenos Aires, Eduardo Tavani, y la profesora consulta de la Facultad de Derecho Nelly Minyersky.

Para evitar interpretaciones restrictivas y arbitrarias, como ocurre con la regulación de los abortos no punibles, el proyecto está escrito en un lenguaje muy claro. Sus puntos principales son:

- Consagra el derecho de toda mujer a interrumpir voluntariamente un embarazo dentro de las primeras 12 semanas del proceso gestacional.

- Y fuera de ese plazo si el embarazo fuera producto de una violación, acreditada con denuncia judicial o policial o formulada en un serivicio de salud; si estuviera en riesgo la salud o la vida de la mujer; si existieran malformaciones fetales graves.

- La práctica del aborto deberá garantizarse gratuitamente en los servicios públicos de salud. Las obras sociales y las prepagas deberán cubrirla.

- Contempla la objeción de conciencia. Los objetores deberán inscribirse en un registro en cada establecimiento de salud. Pero en “todos los casos la autoridad responsable deberá garantizar la realización de la práctica”.

- Si el aborto se debe realizar a una mujer de menos de 14 años, “se requerirá el asentimiento de al menos uno de sus representantes legales”.

- Si se trata de una mujer declarada incapaz en juicio se pedirá el consentimiento informado de su representante legal.

- No se podrá exigir una autorización judicial en ningún caso.

- La penalización del aborto se elimina del Código Penal, con excepción de los casos en que la práctica se realice sin el consentimiento de la mujer.