El martes, alrededor de las 10 de la mañana hora local, los argentinos conocerán el fallo de la Corte Internacional de La Haya. Se leerá en inglés y en francés, detalle que subraya la sinrazón de haber llegado hasta ese punto. Tomará su tiempo, acaso tres horas. Cuando se termine ese trámite farragoso, se abrirá una nueva etapa de un conflicto desdichado. Sería deseable que signara su cierre, parece difícil que eso ocurra. En el primer nivel del gobierno argentino se prevé, en base a un núcleo de información en sustancia compartida con sus pares uruguayos, que la sentencia admitirá reclamos de las dos naciones litigantes. Sería un sorpresazo, en el fondo jamás esperado, que la Corte Internacional dispusiera la relocalización de la pastera Botnia.

En Cancillería y en la Casa Rosada prevén que no se tendrá por acreditada una grave contaminación del río Uruguay. La bandera principal de los vecinos de Gualeguaychú (“No a las papeleras”) será, todo lo indica, rechazada por la Corte.

En el Palacio San Martín intuyen, empero, que la decisión sí expresará (de modo más extenso y menos frontal) “no a la contaminación”, lo que sería un aval a lo sustancial del planteo argentino. Confían en que la sentencia reconocerá que el país hermano incumplió el Tratado del Río Uruguay, al omitir consultas y abordaje bilateral previos a la erección de la planta finlandesa. Habría un reproche severo a la conducta del Estado uruguayo y una revalidación de la plena vigencia del Tratado, minimizado en presentaciones de los abogados orientales.

Los funcionarios argentinos creen que la proyección futura de la decisión es importante: no habrá nuevas Botnias. Ni nuevas ENCE, rescatando del olvido a la pastera española que sí se mudó, merced a tratativas diplomáticas exitosas.

La Haya tiene pocos precedentes análogos al que dará fin pasado mañana, aunque seguramente esas querellas serán moneda corriente en el futuro. Su pronunciamiento, inapelable, tendrá un sentido político, como compete a un tribunal de ese porte, que no es una pura instancia jurídica. La sentencia es un mensaje a toda la comunidad internacional, en tiempos en que el debate sobre el medio ambiente gana relevancia. De cara a ese futuro, los argentinos apuestan a que la parte más dura para la opinión pública local sea matizada con exigencias comunes a las partes. Entre ellas la prescripción de un riguroso monitoreo conjunto y permanente para garantizar que la polución no avanzará en años venideros.

La vigencia del Tratado y las mandas sobre cuidado ambiental alertan quienes negociaron y pleitearon con igual fervor, signa un futuro mejor en las dos márgenes del río. No lo dicen en voz alta pero es evidente que una decisión así interpela a los dos ribereños y no sólo a uno: el río Uruguay deberá ser más cuidado por ambos. Argentina tiene muchas deudas acumuladas en ese sentido.

“Alguna vez, un funcionario uruguayo nos sinceró que ellos pensaban mantener su costa atlántica azul y límpida, para el turismo propio e internacional. Y que el Uruguay sería como fue años atrás Hong Kong, un enclave destinado al comercio y la industria, en sus versiones más crudas. Ese proyecto quedará trunco, más allá de las buenas o malas relaciones entre gobiernos de los dos países”, confidencia un protagonista de alto rango.

José Mujica, el presidente que sucedió a Tabaré Vázquez, tiene mejor onda con la Argentina. Ese recurso coyuntural puede servir para procesar la sentencia. En cambio, las proyecciones de la sentencia trascenderán a los actuales presidentes, mejorarán el medio ambiente y encenderán luces amarillas antes de un choque como el que produjo Botnia. Tal la elaboración argentina para la decisión que esperan.

Con más fe que certeza, ansían que la decisión internacional disuada al vecinalismo entrerriano para levantar el bloqueo. La lectura es que esa táctica colocó el tema en primer nivel de la agenda, todo un logro. Pero que su prolongación obstinada, una vez comprometidas las autoridades provinciales y nacionales, sólo produjo disfunciones. No alcanzó para impedir el suministro de materiales para la erección de la planta. No perjudicó económicamente al Uruguay (un objetivo desmesurado, por lo demás). Y en términos de motivar adhesión internacional fue un boomerang: “El corte perjudicó permanentemente nuestros reclamos, nos deslegitimó mucho más allá del Uruguay”.

Una sentencia equilibrada, que desestimará planteos uruguayos, como su indeclinable apego a la ley. Y lineamientos valorables hacia delante, ese sería el balance oficial si se confirma la profecía.

El punto, claro, es que la movida vecinalista es un eje político sustancial. La respuesta de la Asamblea, que hace mucho rompió amarras con el Gobierno, será el foco de atención. El presente puede primar sobre el futuro, en el corto plazo.

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El relato gubernamental reseñado incluye omisiones sobre sus actos propios. La frondosa demanda en La Haya pudo privilegiar la bandera “No a la contaminación” sobre “No a las papeleras”. Pero varias acciones públicas del Ejecutivo propalaron otros mensajes. La proclamación de “una causa nacional” y los carteles que acompañaron actos masivos con presencia de los entonces presidente (Néstor Kirchner) y canciller (Rafael Bielsa) se confundieron con los planteos de los asambleístas sin puntualizar esa distancia. La iconografía de ese acto giraba en torno de la consigna más rupturista.

Funcionarios y dirigentes kirchneristas despotrican de lo lindo sobre el desempeño del presidente Vázquez. Desde la otra orilla del charco, rebotan otros reproches. “Tabaré defraudó en Chile, cuando había una luz para seguir. Hasta el rey de España dijo que ‘estaba cabreao’ cuando levantó una reunión ya pautada, con el facilitador de por medio”, se enconan en Buenos Aires. En Montevideo evocan que Vázquez afrontó críticas de blancos y colorados cuando viajó para la jura de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y que ésta, en su discurso ante la Asamblea Legislativa, lo criticó de mal modo.

Como en todo entredicho conyugal o familiar, los dos son misericordiosos con sus deslices e impiadosos con los del otro.

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La Haya fue un rebusque para ganar tiempo, encapsular al conflicto, jugarle unas fichas a la cronoterapia. En cierta medida, funcionó. El encono masivo es menor, tanto como el potencial movilizatorio de la Asamblea. Esta, como otras “minorías intensas” de objetivo único que signaron los últimos años, consiguió enormes niveles de aceptación y empatía ciudadana, que se fueron licuando con el correr del calendario. La táctica elegida fue eficaz: le escribió la hoja de ruta a las relaciones internacionales, incubó un piquetero de clase media alta que talló en otras ligas (Alfredo De Angeli), puso al Gobierno de su lado, promovió a una secretaria de Medio Ambiente (Romina Picolotti). Estos avances distaron de ser perennes. La sentencia de un tribunal de alto rango y razonable prestigio debería inducir a un cambio de metodología. Cuesta imaginar que ésa sea, al menos de volea, la decisión de un colectivo con convicciones firmes, poca disposición a negociar o a repasar los cambios transcurridos.

Es más que verosímil que Botnia haya puesto en práctica cuidados que tenía en carpeta, presionada por las demandas y las movilizaciones. Pero los costos de la movida en la convivencia de la región (de los que el Gobierno es deudor solidario en buena medida) fueron también notorios.

Hasta acá, todo son especulaciones. Calificadas, pero especulaciones al fin. Si la sentencia las corrobora, el Gobierno interpretará que valió la pena la demanda en La Haya. Y los asambleístas discreparán. Habrá que ver si tienen el reflejo democrático de aceptar el veredicto de la Justicia internacional, no es seguro.

Los tribunales, nacionales e internacionales, jamás suplen la acción política, cree este cronista. Es bien factible que el adagio tenga una nueva comprobación, un desafío para dos presidentes que se estiman por encima del promedio, lo que no les bastará para hacer milagros. El miércoles la seguimos, lector.

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Otra predicción cunde en Palacio. Según ella, la designación de Néstor Kirchner como secretario general de la Unión Sudamericana de Naciones (Unasur) está a tiro de concretarse. Será el 4 de mayo, en el cónclave a celebrarse en Buenos Aires. En diplomacia presidencial, tales cargos no se dirimen por mayorías o minorías, sino por “consenso”. A falta de definición férrea el “consenso” no impone la unanimidad de los doce países miembros pero sí es una cadena que se corta por el veto de cualquiera de ellos. El veto uruguayo, que Mujica parece dispuesto a remover, atrancó la propuesta del ecuatoriano Rafael Correa de ungir a Kirchner. El ex presidente cuenta desde el vamos con el aval del boliviano Evo Morales y el venezolano Hugo Chávez. En los meses más recientes, dicen negociadores relevantes, sumaron al centroderechista chileno Sebastián Piñera. La visita de la Presidenta al Perú, afirman, depuso la reticencia del presidente Alan García. Lula da Silva está a favor, el colombiano Alvaro Uribe no vetará. Y dos países menos poderosos, como Surinam y Guyana, aprobarán a último momento.

Así las cosas, en Olivos se descuenta que Kirchner comandará la Unasur. Nadie se expide sobre varios enigmas que sobrevendrían, entre ellos si pedirá licencia como diputado o si renunciará a su banca. Y el más relevante: cómo conjugará su actividad internacional con su activismo en la política doméstica. Paso a paso, predicaría el filósofo estoico Reinaldo Merlo.