No es necesario ser un agudo analista político para dar cuenta del siguiente fenómeno: desde fines de 2007, con la asunción de Mauricio Macri, las políticas sociales destinadas a la población más vulnerable de la Ciudad fueron vaciadas, debilitadas y recortadas de manera drástica. No escaparon a esta nueva y perversa realidad las políticas de vivienda social.

Pasados casi dos años y medio de gestión, la administración macrista puede jactarse de varios records: la rapidez y contundencia con que desmanteló el IVC, la multiplicación indefinida de los desalojos compulsivos y el crecimiento exponencial de la población que forzosamente tuvo que pasar a vivir en situación de calle.

En este sentido, el “plan invierno” del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se presenta como una propuesta cuya intención es hacer invisibles a las víctimas del sistema. La oferta monetaria realizada a diversas instituciones y organizaciones para que alberguen (¿escondan?) durante la noche a personas y familias en situación de calle, nos muestra cuál es la dirección que la administración porteña da a gruesas partidas presupuestarias: asistencialismo sin soluciones reales y definitivas.

Estas sumas de dinero –siempre disponibles para los “arrebatos caritativos”– no se emplean para resolver la crisis habitacional. La larga lucha de familias y organizaciones que buscan efectivizar el derecho a la vivienda hace tiempo viene estrellándose con la falta de voluntad política para distribuir con mayor justicia y eficacia los recursos del Estado.

Después de escuchar y acompañar largamente los reclamos de numerosas familias en emergencia habitacional de la zona sur de nuestra Ciudad, hemos discernido que nuestra obligación es comprometer los mayores esfuerzos para exigir al gobierno la garantía de este derecho humano fundamental: la vivienda digna. La colaboración con iniciativas como el “plan invierno” nos parece contradictoria con el horizonte ético-político que nos orienta.

Consideramos que la única respuesta válida ante esta realidad cada vez más preocupante es la implementación de políticas integrales que identifiquen con claridad las causas profundas de la pobreza y trabajen para transformarlas. Pero, claro, eso no se obtiene sólo con dinero y recursos económicos. De parte del gobierno, es necesario un cambio urgente de rumbo; de parte nuestra, continuar con la lucha consecuente y sostenida junto con las víctimas, voces autorizadas para el reclamo de sus derechos.

* Comisión de Justicia y Paz de la Orden Claretiana.