En el cabildo abierto del 22 de mayo de 1810 participaron 225 personas; 79 se pronunciaron a favor del virrey Cisneros y contra los patriotas. Entre ellas, estaba el esclavista de gran fortuna José de María Martínez de Hoz.

A fines del siglo XIX, la Sociedad Rural financió la llamada Campaña del Desierto lanzada por el general Julio Argentino Roca para exterminar a los pueblos originarios y expropiarles sus tierras. El presidente de la Sociedad Rural era otro Martínez de Hoz, bisabuelo del actual, y por esa ayuda Roca le regaló 2.500.000 hectáreas en la Patagonia.

En 1975, José Alfredo Martínez de Hoz y otros directivos del Consejo Argentino Empresario visitaron al jefe del Estado Mayor, el general Jorge Rafael Videla. Trascendió que le pidieron “que contribuya a preservar el orden en las circunstancias que impiden la libertad de trabajo, la producción y la productividad”. En ese momento dirigía la empresa Acindar, que fue pionera del golpe con la represión de la huelga en su planta de Villa Constitución. El inspector de la Policía Federal, Rodolfo Peregrino Fernández, declaró que “Acindar pagaba a todo el personal policial un plus extra para convertir a la planta en una especie de fortaleza militar con cercos de alambre de púas”.

Nadie confirmó esa reunión del Consejo Argentino Empresario con Videla, ni se aclaró si allí efectivamente se habló del golpe del 24 de marzo o se empezó a planificar el disciplinamiento feroz de la sociedad para la aplicación de un nuevo plan económico. Pero la presencia allí del descendiente de esclavistas y de financiadores del genocidio indígena pasó a ser irrelevante cuando Videla, inmediatamente después de dar el golpe, lo designó como su ministro de Economía.

Que su antepasado José de María haya sido esclavista y votado en contra del proceso de la independencia, que su bisabuelo haya financiado la Campaña del Desierto y que él mismo haya presionado a Videla para dar el golpe genocida del ’76, no son delitos penados por la ley. Ni siquiera es delito haber financiado o empujado a los militares a una carnicería. La saga Martínez de Hoz no mató con sus manos, simplemente se benefició de lo que otros hacían.

Cuando lo nombró Videla, Martínez de Hoz no era nuevo en esas lides. Desde varios años atrás se había convertido en consejero económico de militares golpistas. Tener cerca una oreja de uniforme era parte del negocio y la política de la época. Había sido ministro en Salta por el gobierno militar que derrocó a Perón en 1955. Y después le había sido impuesto por los militares al efímero presidente José María Guido en los ’60.

El trazo biográfico es tan grueso que parece el villano clásico de una historieta. Ya son pocos los villanos así, Martínez de Hoz forma parte de una raza en extinción. Ahora no tienen prosapia y la sociedad no cede tan groseramente ese lugar de poder en la oscuridad, el lugar de los que hablaban con presidentes y generales para poner y sacar ministros, presidentes y generales, del que impone medidas para enriquecerse y solamente aparece en las páginas sociales, nunca en las de política.

Videla dio el golpe del ’76 en función de los intereses económicos que representaba Martínez de Hoz. Ese fue el verdadero motivo. Y la función del ex ministro es la más horrenda porque de allí se derivan todos los crímenes que se cometieron. Pero esa función no se castiga.