La División Trata de Personas de la Policía Federal fue creada durante la gestión como ministro del Interior de Aníbal Fernández. Al mismo tiempo, se puso en marcha la Oficina de Rescate y Acompañamiento de las Víctimas, que estuvo a cargo de Eva Giberti y que hoy es conducida por Zairda Gatti. Ambas actúan en forma conjunta, ante el pedido de intervención de un juez, pero la investigación siempre está en manos de la división policial.

Con la sanción de la Ley 26.364, contra la Trata de Personas, en 2008, se puso en funcionamiento la Unidad Fiscal para la persecución de ese delito, la Ufase, a cargo del fiscal Marcelo Colombo. “Hasta el momento se han recuperado 275 víctimas”, destacó ayer el comisario Ricardo Pedace, de la División Comunicación de la Policía Federal, aunque no pudo discriminar cuántas de ellas se produjeron en locales de la ciudad de Buenos Aires.

Por lo pronto, de todos los procedimientos realizados en los últimos dos años, sobre un total de diez condenas, ninguna corresponde a la ciudad de Buenos Aires.

El juzgado de Lijo, donde ha quedado radicada la denuncia de Nancy Miño, es el mismo donde recayó el caso en que la Fundación La Alameda alertó sobre una red de whiskerías y prostíbulos que funcionaban con protección policial en los barrios de Constitución y Monserrat, en proximidades del Departamento Central de Policía (ver nota aparte).

Esa causa no prosperó, dicen en el juzgado, porque “no pudo probarse la existencia de trata y las causas se convirtieron, cuanto mucho, en infracciones a la Ley de Profilaxis”.

Desde la División Medios de Comunicación de la Policía Federal desestimaron la denuncia de Nancy Miño al afirmar que “está con licencia médica de características psiquiátricas”. Admitieron, sin embargo, que la mujer no tiene estado policial, ya que es personal del escalafón administrativo, y que en esa condición participaba de operativos de inteligencia en el exterior de los locales, buscando información en el vecindario, así como en la asistencia a las víctimas, colaborando en la traducción al guaraní cuando las mujeres eran de nacionalidad paraguaya. “Las tareas que tenía eran ínfimas, no era un papel relevante o sobresaliento como ella dice”, enfatizó el comisario Pedace. De todas formas, Pedace informó que “Asuntos Internos va a iniciar un sumario para deslindar responsabilidades”.

En la Federal niegan que Miño haya cumplido tareas policiales porque, entre otras cosas, admitirlo implicaría una falta al reglamento del personal de la fuerza. El reclamo por el maltrato laboral es otro de los ejes de la declaración de la testigo. “No tenía armas ni uniforme”, dice la mujer, quien da cuenta en su declaración, con lujo de detalles, de su participación en los procedimientos.

–¿Cómo era su participación en la inteligencia dentro de un prostíbulo? ¿Cuál era su papel? –le preguntó Página/12.

–Tenía que hacer el trabajo que se hace en un prostíbulo –aseguró.