“Estoy contenta. Se ha restablecido la autoridad del Parlamento argentino en la sanción de esa ley.” La Presidenta festejó la decisión de la Corte Suprema de revocar la medida cautelar que suspendía la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. “Se logró que el sistema jurídico haga honor a su propio funcionamiento y que permita que se aplique la ley de medios, que fue aprobada por amplia mayoría en el Congreso”, dijo ayer CFK durante un acto de entrega de viviendas en el municipio de Tres de Febrero. “No fue el triunfo del Gobierno ni de un sector”, aclaró la mandataria. Las declaraciones medidas de la jefa de Estado reflejaron el clima de “euforia contenida” que, según la definición de un funcionario que trabaja en el primer piso de la Casa Rosada, reinaba desde el mediodía en el seno del Gobierno: “Quedan pasos por delante, ahora hay que ir a Salta a levantar la otra medida cautelar. Y aunque los miembros de la Corte dejaron salvado que esto no supone intervenir sobre los contenidos específicos de la ley, acá también son optimistas en ese punto”.

El fallo de la Corte no tomó desprevenida a la primera plana del Ejecutivo. En la Casa Rosada sabían desde hacía cuatro o cinco días que el máximo tribunal estaba por hacer pública su postura ante la medida cautelar de la Cámara Federal de Mendoza. Ese tribunal, tras una presentación del diputado del peronismo disidente Enrique Thomas, había ordenado suspender la aplicación de la ley 26.522. La ley de Servicios de Comunicación Audiovisual había sido aprobada por amplia mayoría en ambas cámaras en octubre pasado. La información que venía circulando en el Gobierno sobre el caso anticipaba que la Corte iba a rechazar los argumentos de la Cámara mendocina por un margen significativo de votos. “Sólo había una duda con el voto de Ricardo Lorenzetti”, confió a Página/12 el funcionario que trabaja en Balcarce 50 y que desde hace semanas venía siguiendo la evolución del debate en torno de la ley. “Dimos un gran paso. Ahora, en el peor de los casos, sólo podrán extender el plazo de desinversión”, analizó el hombre de la Casa Rosada.

Tras la resolución emitida por la Corte, el Ejecutivo deberá cumplir con algunos pasos formales. Uno de ellos es enviar un abogado de la Procuración General del Tesoro a presentarse ante la Cámara Federal salteña para acompañar una copia del fallo unánime de la Corte. Los camaristas de Salta, incluso antes de recibir ese escrito, ya están preparando una resolución que irá en la misma línea del máximo tribunal. Ayer, en las áreas del Gobierno que tuvieron una injerencia directa en la controversia judicial sobre la ley 26.522 –el Ministerio de Justicia, el ex Comfer, la Procuración– había una sensación muy visible de alivio. “Todo salió muy bien, el fallo contribuye al fortalecimiento del sistema democrático. Y también significa una convalidación del Parlamento. ¿Usted se imagina cuál hubiera sido el efecto sobre las instituciones si la Corte emitía un fallo negativo? Hubiera puesto al Congreso en una situación de debilidad extrema”, se preguntó ante Página/12 un alto funcionario que tuvo participación en el tema. Ese planteo estuvo en sintonía con uno de los argumentos que la Corte Suprema incluyó en el fallo. “Un legislador no tiene legitimación activa cuando pide a la Justicia la reedición de un debate parlamentario que perdió por el juego de las mayorías y las minorías”, se pudo leer en la resolución de los supremos.

Tras revisar los razonamientos de la sentencia, en el Gobierno se prepararon para el siguiente paso: la nueva etapa se abrirá dentro de poco, una vez que se expida la Cámara Federal salteña y la ley de medios vuelva a entrar en vigencia. En la Casa Rosada esperan que los grupos de medios con posición dominante en el mercado comiencen a presentar amparos puntuales por la inminente pérdida de derechos preexistentes que acarrearían algunos apartados de la ley, como la intransferibilidad de licencias (artículo 41) y el de desinversión (artículo 161). “Ya sabemos cuál será la estrategia de ellos. Van a buscar dilatar la aplicación de la ley con amparos contra determinados artículos; mientras tanto van a ir transfiriendo los dominios de las sociedades a otras personas jurídicas o físicas vinculadas con los mismos grupos”, contó a Página/12 un ministro.

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