A falta de cuadros políticos con experiencia y años de militancia sobre sus espaldas, el gobierno de Mauricio Macri se nutrió de dos caudales distintos para cubrir semejante vacío: ex dirigentes o colaboradores rentados de Boca y profesionales que pasaron por el Grupo Socma. Andrés Ibarra es tributario de las dos vertientes con que el PRO ocupó varios cargos de su gobierno en la Ciudad de Buenos Aires. Integró el holding familiar y manejó la gerencia general del club.

Como él, hubo quienes cumplieron distintas funciones dentro de Boca y llegaron posteriormente al Estado porteño. Ernesto Petrini, un empresario que colocó jugadores en el exterior con fortuna dispar, ocupó una de las direcciones del IVC (Instituto de Vivienda de la Ciudad), aun cuando había confesado que no tenía idea de la responsabilidad encomendada y que sólo la ejercía por lealtad a Macri. Renunció en febrero pasado en medio de graves denuncias contra el organismo. Raúl Oscar Ríos, quien actualmente es vocal titular de la Comisión Directiva xeneize, está al frente de la Agencia Gubernamental de Control. Allí trabaja también la abogada Estela Iribarren, quien integró el departamento de Cultura boquense durante las últimas presidencias de Macri en Boca.

Fabián Horacio Zampone es vocal suplente en la conducción de la institución, mientras que en el gobierno llegó a la dirección General de Asuntos Patrimoniales de la Procuración. Jorge Wellington Alves, ex director de Cultura de Boca, pasó a desempeñarse tiempo después en el despacho del jefe de Gobierno con un sueldo de 6500 pesos mensuales. María Vanesa Wolanik, la directora del área de Niñez y Adolescencia del Ministerio de Desarrollo Social, es hija de Pedro Daniel Wolanik, el secretario de Asuntos Legales del club.