Familias que viven lindantes a campos con soja, organizaciones sociales y movimientos campesinos denuncian el efecto sanitario de los agroquímicos desde hace una década. La gran mayoría de las veces son desoídos por la Justicia, que suele esgrimir la ausencia de estudios científicos que acrediten las denuncias. “El caso Carrasco”, como se llama desde hace un año a la irrupción del científico de la UBA y el Conicet en el debate, aportó pruebas de los efectos sanitarios. La Justicia de Santa Fe dio un paso inédito en diciembre pasado: dejó firme una sentencia que prohíbe las fumigaciones con glifosato en cercanías de la ciudad de San Jorge. El fallo, que ordena a la Universidad Nacional del Litoral realizar urgentes estudios, cita la investigación de Carrasco como un antecedente a tener en cuenta.

San Jorge es una localidad ubicada en pleno corazón del monocultivo de soja. Los vecinos denunciaban desde hacía años el accionar de los agroquímicos, que les provocaba alergias, intoxicaciones y problemas respiratorios. En marzo de 2009, la Justicia prohibió las fumigaciones. La medida fue apelada, pero la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial (Sala II) dejó firme la sentencia.

También ordenó que el gobierno de Santa Fe y la Universidad Nacional del Litoral (UNL) demuestren, en el lapso de seis meses, que los agroquímicos no son perjudiciales para la salud. De esta manera, por primera vez, se invirtió la carga de la prueba: era una regla que los intoxicados tuvieran que demostrar las afecciones en la salud, pero ahora serán los impulsores del modelo de agronegocios quienes tendrán que demostrar la inocuidad de los químicos.

Los jueces también marcaron jurisprudencia al invocar el principio precautorio. Ante la posibilidad de perjuicio ambiental irremediable, es necesario tomar medidas protectoras. La Justicia también fue innovadora en otro sentido: revaloriza los testimonios de los afectados –muchas veces minimizados por los jueces–, resalta la importancia de los médicos de pueblos (testigos cotidianos en la atención de intoxicados) y precisa los nombres del médico pediatra Rodolfo Páramo (de Santa Fe), el médico rural Darío Gianfelici (Entre Ríos), el bioquímico Raúl Horacio Lucero (Chaco) y el médico pediatra Hugo Gómez Demaio (Misiones).

El fallo resalta las investigaciones de Argelia Lenardón (UNL), que estudió la existencia de agroquímicos organoclorados en leche materna en mujeres de Santa Fe; Amalia Dellamea (UBA), que confirmó la presencia de plaguicidas en productos lácteos; Alejandro Oliva (Hospital Italiano de Rosario), que estudió los impactos de agroquímicos en las funciones reproductivas; Jorge Kaczewer (UBA) que recopiló trabajos sobre el tema y cita el avance de investigación de Andrés Carrasco.

Con el trabajo ya publicado, Carrasco anunció que pone su investigación a disposición de fiscales y jueces para que sea tomada como elemento de prueba en las crecientes denuncias por los efectos negativos de los agroquímicos.